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Un perjuicio económico de aproximadamente ¢3.700 millones por presunta evasión fiscal llevó al Ministerio de Hacienda a presentar dos denuncias penales relacionadas con el incumplimiento del pago de impuestos y la utilización de mecanismos para ocultar operaciones.

La Caja señaló que está dispuesta a revisar la información con el Ministerio de Hacienda, aclarar diferencias y buscar mecanismos para que el Estado reconozca y pague sus obligaciones.

En el octavo mes del año, los ingresos totales del Gobierno Central mostraron un crecimiento de 2.7%, al alcanzar ¢519.843 millones (¢13.790 millones más que en agosto de 2025).

El Ministerio de Hacienda propuso ampliar la base de contribuyentes que pagan el impuesto sobre las rentas pasivas obtenidas en el extranjero, lo que incluiría los intereses generados por inversiones en el exterior de los bancos, aseguradoras, fondos de inversión y personas físicas y jurídicas.

Según el dictamen de la Contraloría General de la República (CGR) sobre los estados financieros consolidados de 2025, emitido el 28 de agosto de 2026, al corte del 6 de octubre del año pasado, la migración al nuevo sistema TRIBU-CR registró saldos a favor habilitados para su utilización por ¢1.117.898 millones.

Para el próximo año, cuatro de cada diez colones que gaste el Gobierno Central se usarán para pagar la deuda pública y sus intereses.

El aumento de las tasas de interés en Estados Unidos, vinculado al deterioro fiscal de ese país, las tensiones geopolíticas en Medio Oriente y la inflación, encarecería el financiamiento de Costa Rica en el exteri

“Acelerando la transformación a través de finanzas públicas sostenibles para la biodiversidad”, FAST, por sus siglas en inglés, es un nuevo proyecto liderado en Costa Rica por el Ministerio de Hacienda, financiado por la Iniciativa Internacional para el Clima (IKI) del Gobierno Federal de Alemania, liderado por la Cooperación Alemana para el Desarrollo (GIZ) y co-implementado con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).

Tres nuevos proyectos de ley que forman parte de la Estrategia Nacional contra el Contrabando y la Evasión Fiscal que ejecuta el gobierno de la República, fueron entregados la tarde de este lunes al Congreso por los viceministros de la Presidencia, Alejandro Barrantes y de Ingresos de Hacienda, Víctor Julio Carvajal

En vez de cuatro o cinco años de trámites en el Ministerio de Hacienda y en los juzgados, los embargos de la Administración Tributaria se resolverían en unas cuantas semanas, de acuerdo con varios abogados tributarios consultados.

Cada año, los países recaudan mediante impuestos una parte de la riqueza que generan para financiar los servicios públicos. Sin embargo, el peso de esa carga tributaria frente al producto interno bruto (PIB) puede variar ampliamente entre las economías que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), y Costa Rica figura entre las naciones con menor recaudación del bloque frente a su productividad.

La ministra de Comercio Exterior, Indiana Trejos, remitió este miércoles una propuesta a su homólogo de Panamá, Julio Moltó, para resolver, de forma definitiva, las diferencias en materia comercial entre ambos países.

“El principal factor detrás de esta disminución es la menor recaudación del impuesto sobre los ingresos y utilidades (renta), cuya participación en el PIB pasó de 1,89% en mayo de 2025 a 1,81% en mayo de 2026. Este resultado responde al deterioro observado en la recaudación de este tributo durante los primeros meses del año, particularmente en marzo, cuando se liquida el impuesto sobre la renta correspondiente al período fiscal 2025. En ese mes, la recaudación fue un 7,5% inferior a la registrada en marzo de 2023, lo que representó aproximadamente ¢106.000 millones menos”, explicó Fernando Rodríguez, economista del Observatorio Económico y Social (OES) de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional.

Las reformas fiscales impulsadas por el Poder Ejecutivo tendrían un efecto en el nivel de endeudamiento del Gobierno, pero no aliviarían por completo las presiones sobre la deuda, cuya relación con el producto interno bruto (PIB) se mantendría por encima del 60%.

La iniciativa está en construcción y está previsto que se publique a más tardar en setiembre próximo, confirmó en entrevista con Teletica.com el viceministro de Ingresos, Víctor Julio Carvajal.

La recaudación tributaria del Gobierno Central cumple cuatro años de registrar una pronunciada caída. Así lo revela un reciente análisis elaborado por el economista Fernando Rodríguez, del Observatorio Económico y Social (OES) de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional (UNA).

Aumentar la tarifa del 1 % al 13 % del impuesto al valor agregado (IVA) para la Canasta Básica Tributaria (CBT), una medida que valora el Gobierno para enfrentar la caída de los ingresos tributarios, afectaría más a las familias de menores ingresos.

Se trata de un grupo de 24 acciones que se irán presentando poco a poco y que tienen como objetivo frenar el crecimiento de la deuda pública y el déficit fiscal.

Este fue el tema analizado por el director de Actualidad Tributaria, MDT. Raymundo Volio, durante el más reciente AT Live, en el que explicó cuáles son las principales reformas que se discuten actualmente, qué medidas podrían implementarse en el corto, mediano y largo plazo, y cuál sería su impacto para empresas, profesionales independientes y contribuyentes en general.

El Ministerio de Hacienda presentó un proyecto de ley que permitiría a la Administración Tributaria ordenar y ejecutar embargos de bienes a contribuyentes morosos sin necesidad de contar previamente con una autorización judicial. La iniciativa forma parte del plan fiscal impulsado por el gobierno para fortalecer la recaudación y mejorar las finanzas públicas.

La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) dio a conocer que Costa Rica enfrentará un incremento en el recargo arancelario aplicado a sus exportaciones hacia ese país, al pasar del 10% al 12,5%. La decisión responde a la conclusión de que el país no prohíbe ni aplica de forma efectiva restricciones a mercancías producidas mediante trabajo forzoso.

Reconocer públicamente el monto exacto de la deuda que tiene el Estado con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y, más importante aún, establecer una forma de pago es el punto de partida que estableció el Partido Liberación Nacional (PLN) para negociar el proyecto de eurobonos que demanda la presidenta Laura Fernández.

La diputada de Liberación Nacional (PLN), Diana Murillo, advirtió a los pequeños, medianos y grandes comerciantes sobre presuntos cobros de más realizados por el sistema Tribu-CR, luego de que el Ministerio de Hacienda reconociera que se cobraron ¢1.681,6 millones en exceso a ciudadanos y empresas.

El Ministerio de Hacienda continúa fortaleciendo la sostenibilidad de la deuda pública mediante una estrategia activa de gestión de pasivos. Entre enero y junio, realizó operaciones de canjes de deuda interna por ¢1.043.548 millones (más de ¢1,04 billones), un 15,9% por encima del monto registrado durante todo 2025 (¢900.727 millones).

La agencia calificadora S&P Ratings confirmó este jueves la calificación soberana de Costa Rica en “BB”, con perspectiva estable.

Promete ser una agenda legislativa “antievasión”, así catalogaron los diputados del Partido Frente Amplio (FA) a una propuesta que realizaron para combatir el fraude fiscal, la evasión y que se recauden impuestos garantizando justicia fiscal, en la cual integran 11 proyectos de ley, de los cuales seis ya se encuentran en la corriente legislativa y cinco son nuevos.

La solicitud fue presentada ante la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR), como parte del proceso abierto bajo la Sección 301.

Este procedimiento —establecido mediante un decreto firmado en julio del año pasado por el entonces presidente Rodrigo Chaves y el ministro de Hacienda, Nogui Acosta— le permite al Ministerio de Hacienda colocar y cancelar títulos de deuda interna en moneda extranjera en el mercado local. Sin embargo, los recursos para adquirirlos provienen de inversionistas del exterior que participan en ese mercado a través de puestos de bolsa.

Mediante una medida cautelar, esta unidad de Tesorería busca anular dos oficios que, según alega, restringen atribuciones que le asignan una ley especial y la Constitución Política, al obligarla a someterse a la nueva Dirección de Gestión de Deuda Pública.