Antes de que se diera la suspensión del apagón tributario programado para el pasado viernes, la diputada Johana Obando había enviado una carta a Mario Ramos Martínez, Director General de Tributación.
En el documento, la legisladora independiente le indicaba al jerarca que le escribía “con gran preocupación debido a sus declaraciones concernientes al “congelamiento” que sufrirá el sistema de consulta pública el día 18 de julio de 2025 hasta el 4 de agosto sin que exista en dicho lapso, posibilidad de actualizar dicha información”.
En el oficio Oficio AL-JOB-OF-118-07-2025 con fecha del 4 de julio pasado, la congresista le manifestó al jerarca que la medida de desconectar temporalmente algunos sistemas tributarios, constituiría una acción ilegal por parte de la Administración relacionada con el artículo 18 bis del Código de Normas y Procedimientos Tributarios.
“No puede entonces la Administración, en perjuicio del contribuyente, simplemente señalar que congelará toda la información por un lapso determinado olvidando su obligación de actualizar la lista en un plazo no mayor a 3 días cuando así el contribuyente lo solicite por haber cumplido con su obligación.
Le instamos a poner a disposición de los contribuyentes e instituciones públicas y privadas un método alternativo durante el periodo de “congelamiento” para la verificación del cumplimiento de las obligaciones tributarias para así evitar violar el artículo 18 bis antes citado y generar perjuicios a los contribuyentes”, había señalado en el documento.
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Obando Bonilla indicó que al no recibir respuesta por parte del Ministerio de Hacienda, solicitó una medida cautelar ante el Tribunal Contencioso Administrativo (TCA) para evitar el congelamiento de la información del sistema de consulta tributaria.
“Desde mi despacho incluso advertimos con un oficio a don Mario Ramos, advertencia que nunca contestaron. Nunca tuvieron el interés de los usuarios en primer lugar, por eso el Tribunal Contencioso Administrativo nos dio razón y nos la seguirá dando”, enfatizó la congresista por la provincia de Cartago.
“La medida se interpuso en representación de miles de personas que necesitan del sistema de consulta tributaria. Es absolutamente irresponsable que el Ministerio de Hacienda inhabilite por 15 o más días el acceso a un servicio que es básico, el servicio al contribuyente de poder comprobar su situación tributaria.
Es totalmente falso que esta medida beneficie a incumplidores, más bien protege a quienes utilizan los servicios del Ministerio de Hacienda. Esos servicios son esenciales para todo tipo de trámites. No se puede dejar a los usuarios sin servicio por tantos días. Cualquier implementación de software debe considerar la menor afectación a los usuarios, en ninguna empresa privada se toleraría dejar a los clientes sin un servicio básico por tantos días”, manifestó la diputada en respuesta a las palabras de Nogui Acosta.
El ministro de Hacienda había afirmado el viernes pasado que “la medida cautelar provisionalísima interpuesta por la diputada independiente, Johanna Obando y acogida por el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, nos toma por sorpresa, sobre todo porque además de afectar la integridad del plan para poner en marcha el sistema TRIBU-CR, viene a beneficiar a los incumplidores”.