El 1ero de setiembre inició el Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales, Ley 9416, que obliga a las personas jurídicas a suministrar, a través de sus representantes legales, información sobre la composición de su capital social y beneficiarios finales.
El 1ero de setiembre, propiamente, se publicó el formulario que debe completarse para cumplir con la ley, pero el mismo tiene errores sustantivos que hacen del cumplimiento de este deber, una pesadilla burocrática.
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