La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (conocida popularmente como Sala IV) resolvió el pasado 17 de marzo cuatro acciones de inconstitucionalidad acumuladas presentadas por sindicatos contra una veintena de reformas en materia de salarios del sector público que realizó la Asamblea Legislativa al promulgar, en 2018, la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (Ley 9635).
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