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La Dirección General de Tributación del Ministerio de Hacienda puso a disposición para consulta pública, dos proyectos de resolución que establecen la obligación a contadores y asesores fiscales de consignar los datos identificativos (nombre, número de identificación y carné de agremiado) en las declaraciones de los impuestos al valor agregado y sobre las utilidades que elaboren.

La institución mantiene más de 200 plazas vacantes en el área de Ingresos, situación que afecta la capacidad de fiscalización, cobro y gestión tributaria.

En vez de cuatro o cinco años de trámites en el Ministerio de Hacienda y en los juzgados, los embargos de la Administración Tributaria se resolverían en unas cuantas semanas, de acuerdo con varios abogados tributarios consultados.

El Tribunal Contencioso Administrativo acogió una medida cautelar provisionalísima que suspendió en su totalidad una directriz emitida por el ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves Robles, en la cual se establecen las reglas y potestades para trasladar, rotar o reubicar funcionarios entre dependencias y puestos de esa cartera.

Cada año, los países recaudan mediante impuestos una parte de la riqueza que generan para financiar los servicios públicos. Sin embargo, el peso de esa carga tributaria frente al producto interno bruto (PIB) puede variar ampliamente entre las economías que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), y Costa Rica figura entre las naciones con menor recaudación del bloque frente a su productividad.

Las acciones de control emprendidas por el Ministerio de Hacienda de mayo a julio de 2026 incrementaron los decomisos de mercancías en un 58%, en comparación con el mismo periodo del 2025, al pasar de 13 millones a 30 millones de unidades.

“Ya tomamos una primera decisión con esto que esperamos comunicar en los próximos días. Lo conversamos con don Rodrigo (Chaves) ya y encontramos un camino que nos parece que es el correcto para avanzar en esta línea y ya lo vamos comunicar oportunamente”, dijo Carvajal en una entrevista brindada al medio El Observador.

Las modificaciones que Hacienda implementará en los comprobantes electrónicos no solo incorporan nuevos documentos para corregir errores. También introducen un concepto que, por ahora, continúa generando incertidumbre entre empresas, contadores y asesores tributarios: el error material.

Un nuevo reglamento usará el valor de referencia del mercado nacional para la declaración que se realiza en la importación de vehículos y permitirá “cerrar el portillo de la subfacturación”, las nuevas reglas entrarán a regir la próxima semana.

Las nuevas reglas para los comprobantes electrónicos ya tienen una fecha prevista de entrada en vigor y representan uno de los cambios operativos más relevantes que enfrentarán las empresas durante este año. A partir del 1.° de noviembre de 2026, la Administración Tributaria pretende fortalecer la trazabilidad de la información entre comprobantes electrónicos, lo que implicará ajustes importantes en la emisión de notas de crédito y en la forma de corregir determinados errores de facturación

“El principal factor detrás de esta disminución es la menor recaudación del impuesto sobre los ingresos y utilidades (renta), cuya participación en el PIB pasó de 1,89% en mayo de 2025 a 1,81% en mayo de 2026. Este resultado responde al deterioro observado en la recaudación de este tributo durante los primeros meses del año, particularmente en marzo, cuando se liquida el impuesto sobre la renta correspondiente al período fiscal 2025. En ese mes, la recaudación fue un 7,5% inferior a la registrada en marzo de 2023, lo que representó aproximadamente ¢106.000 millones menos”, explicó Fernando Rodríguez, economista del Observatorio Económico y Social (OES) de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional.

La Sala Constitucional declaró con lugar un recurso de amparo contra el Ministerio de Hacienda por no responder de manera clara y completa una solicitud de información que presentó el ciudadano José Bernave Sánchez Pérez sobre el eventual uso de tecnologías desarrolladas por el Mossad israelí para detectar el contrabando mediante las importaciones.

En entrevista con Víctor Julio Carvajal, viceministro de Ingresos, explicó que las herramientas utilizadas antes de Tribu-CR no eran confiables, debido a que los saldos debían revisarse manualmente.

Las reformas fiscales impulsadas por el Poder Ejecutivo tendrían un efecto en el nivel de endeudamiento del Gobierno, pero no aliviarían por completo las presiones sobre la deuda, cuya relación con el producto interno bruto (PIB) se mantendría por encima del 60%.

La iniciativa está en construcción y está previsto que se publique a más tardar en setiembre próximo, confirmó en entrevista con Teletica.com el viceministro de Ingresos, Víctor Julio Carvajal.

La recaudación tributaria del Gobierno Central cumple cuatro años de registrar una pronunciada caída. Así lo revela un reciente análisis elaborado por el economista Fernando Rodríguez, del Observatorio Económico y Social (OES) de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional (UNA).

Aumentar la tarifa del 1 % al 13 % del impuesto al valor agregado (IVA) para la Canasta Básica Tributaria (CBT), una medida que valora el Gobierno para enfrentar la caída de los ingresos tributarios, afectaría más a las familias de menores ingresos.

Este fue el tema analizado por el director de Actualidad Tributaria, MDT. Raymundo Volio, durante el más reciente AT Live, en el que explicó cuáles son las principales reformas que se discuten actualmente, qué medidas podrían implementarse en el corto, mediano y largo plazo, y cuál sería su impacto para empresas, profesionales independientes y contribuyentes en general.

Se trata de un grupo de 24 acciones que se irán presentando poco a poco y que tienen como objetivo frenar el crecimiento de la deuda pública y el déficit fiscal.

El proyecto de ley que otorgaría al Ministerio de Hacienda la potestad de decretar y ejecutar embargos administrativos contra contribuyentes morosos, pone sobre la palestra la concentración de funciones de acreedor, ejecutor y autoridad del proceso en la entidad.

El Ministerio de Hacienda presentó un proyecto de ley que permitiría a la Administración Tributaria ordenar y ejecutar embargos de bienes a contribuyentes morosos sin necesidad de contar previamente con una autorización judicial. La iniciativa forma parte del plan fiscal impulsado por el gobierno para fortalecer la recaudación y mejorar las finanzas públicas.

Santa Cruz ya recauda más dinero por el Impuesto sobre los Bienes Inmuebles que cantones como Curridabat, Montes de Oca o La Unión, a pesar de tener una población muy inferior. Carrillo, Nicoya y Liberia también figuran entre los municipios con mayores ingresos relacionados con ese tributo en todo Costa Rica.

El ministro de la Presidencia y de Hacienda, Rodrigo Chaves Robles, aseguró durante la conferencia de prensa de este miércoles que el Ministerio de Hacienda no descarta eliminar la tarifa reducida del impuesto al valor agregado (IVA) para los productos de la canasta básica tributaria que compran los hogares de mayores ingresos.

El aumento del ISC al 7,5% ya estaba previsto en la Ley de Incentivos al Transporte Verde. Este porcentaje aumentará cada tres años hasta que alcance el 30% ordinario en el año 12 después de la entrada en vigor de la ley.

La diputada de Liberación Nacional (PLN), Diana Murillo, advirtió a los pequeños, medianos y grandes comerciantes sobre presuntos cobros de más realizados por el sistema Tribu-CR, luego de que el Ministerio de Hacienda reconociera que se cobraron ¢1.681,6 millones en exceso a ciudadanos y empresas.

El trámite debe realizarse con al menos dos meses de anticipación al vencimiento del próximo pago. Por ejemplo, quienes necesiten reducir el pago que vence el 30 de setiembre deben presentar la solicitud a más tardar el 30 de julio.

El Ministerio de Hacienda continúa fortaleciendo la sostenibilidad de la deuda pública mediante una estrategia activa de gestión de pasivos. Entre enero y junio, realizó operaciones de canjes de deuda interna por ¢1.043.548 millones (más de ¢1,04 billones), un 15,9% por encima del monto registrado durante todo 2025 (¢900.727 millones).

Uno de los aspectos que más preocupa a los contribuyentes es el régimen sancionatorio. La omisión en la presentación de la D-270 puede generar multas calculadas sobre los ingresos del período fiscal anterior, sujetas a los límites establecidos en el Código de Normas y Procedimientos Tributarios.

Raymundo Volio, de Actualidad Tributaria, señala que la medida está pensada para los contribuyentes formales y duda de su impacto en la recaudación. “Esta medida está pensada para contribuyentes formales que realizan actividades lucrativas y lo que se haría es incluir un dato para mejorar el control tributario. El problema del SINPE son las transacciones ocultas u omisas, y estas pueden originarse en personas que no están inscritas en Hacienda, en cuyo caso la medida no resolvería en nada ese conflicto”, indicó.