El Ministerio de Hacienda envió la consulta a la Procuraduría General de la República sobre la póliza de responsabilidad civil que se quiere contratar con el Instituto Nacional de Seguros (INS) para el Gabinete, que incluye al presidente Rodrigo Chaves y los ministros.
Lo hizo a pesar de que la Dirección Jurídica de la institución calificara la contratación de ilegal, aduciendo que según la ley, los jerarcas deben asumir de su propio peculio o bolsillo, los gastos ante denuncias en el ejercicio de sus funciones.
“No es un criterio único, hay otros criterios y me parece que lo correcto es preguntarle a la Procuraduría. Cuando resuelva sobre este tema vamos a tener claridad y actuar en consecuencia”, afirmó el ministro Nogui Acosta este miércoles.
La consulta se envió el pasado 22 de noviembre, mismo día en el que recibieron el criterio de los abogados del ministerio.
Según Acosta, enviar la consulta a la PGR “es la forma correcta de hacerlo, es el órgano asesor del Estado y ellos van a resolver”.
El Gobierno inició el proceso de contratación con el INS sobre una póliza de responsabilidad civil para proteger a los jerarcas del Gobierno cuando sean denunciados en el ejercicio de su deber.
Para ello, pagarían una prima de 248 millones de colones, monto que se movió a lo interno del Ministerio de Hacienda. Ante la polémica por este hecho, se frenó el proceso de contratación, a la espera de lo que se resuelva desde la Procuraduría, en referencia a si es o no legal.
Criterio de los abogados
Con el oficio MH-DJ-OF-1433-2024, la Dirección Jurídica de Hacienda respondió a la consulta emitida por el jerarca el 8 de noviembre respecto al tema de la póliza.
La principal conclusión que da es que si se quiere una póliza para proteger los intereses de los funcionarios se debe autorizar por ley; es decir, a través de un proyecto que se debe ver en la Asamblea Legislativa.
“Si el Estado considera suscribir una póliza diferente a las reguladas a favor de sus funcionarios para proteger los intereses particulares de estos, sea de defensa técnica o bien sus patrimonios entre otros, debe autorizarse por ley previa, tal y como el legislador lo ha hecho en los casos señalados anteriormente”, dice el informe.
“Esto por cuanto además, se debe acatar el principio de legalidad que regula el actuar del funcionario público, es decir solo se podría suscribir pólizas como las que se pretenden, si existe una norma que así lo autorice”, siguió.
Por ahora, Hacienda esperará lo que determine la Procuraduría General de la República para definir si continúa o no con la contratación de la póliza o cambia el proceso y lo hace a través del Congreso.