El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó en su primer día de regreso a la Casa Blanca dejar sin efecto cualquier compromiso del país relacionado con el Acuerdo Fiscal Global promovido por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Este acuerdo establece un impuesto mínimo global (IMG) del 15% para empresas con una facturación superior a 750 millones de euros.
“El Acuerdo Fiscal Global de la OCDE, apoyado por la administración anterior, no solo permite la jurisdicción extraterritorial sobre los ingresos estadounidenses, sino que también limita la capacidad de nuestra nación para promulgar políticas fiscales que sirvan a los intereses de las empresas y los trabajadores estadounidenses”, afirma el presidente estadounidense en su orden.
Este martes 21 de enero, Nogui Acosta, ministro de Hacienda, explicó a La Nación que si bien Trump rechazó las reglas de la OCDE, no ha renunciado a la recaudación mínima a nivel global, por lo que si bien hay un cambio en la política extranjera, Costa Rica “debe seguir analizando medidas para ajustar su sistema tributario a las tendencias mundiales”.
“Seguimos a la expectativa de las situaciones internacionales para tomar una decisión al respecto. Antes que nada evaluar la situación con los sectores afectados” respondió Acosta a consultas de este diario.
En diciembre pasado, durante una entrevista exclusiva con este medio, el ministro dijo que aguardaría la implementación del impuesto en Estados Unidos y Europa antes de tomar una decisión definitiva localmente. Este tributo tendría repercusiones para varias empresas locales, especialmente aquellas bajo el régimen de zonas francas, que estarían obligadas a empezar a pagar impuestos de los que actualmente están exoneradas.
“El impuesto mínimo global, que lo está estableciendo la OCDE, tiene implicaciones. Vamos a esperar, nosotros no hemos tomado una decisión. Estamos esperando a ver qué va a decidir Estados Unidos, y qué va a decidir Europa. No vamos a ser los primeros que avancen. Hay que ver cuál es la experiencia de los diferentes países para hacerlo”, dijo Acosta.
Un total de 136 países acordaron la creación del IMG, cuya implementación se rige por normas comunes, conocidas como Global Anti-Base Erosion (GloBE). Este gravamen comenzó a aplicarse en enero de 2024 en algunos países de la Unión Europea, Corea del Sur y Japón. Aunque Costa Rica suscribió el acuerdo de la OCDE, el Ministerio de Hacienda dejó abierta la posibilidad de no implementarlo, pese al compromiso asumido por otras 135 naciones, incluida Estados Unidos.
Nogui Acosta explicó que Costa Rica debe evaluar si la exoneración del impuesto sobre la renta para las empresas en zonas francas es el principal factor que atrae inversión extranjera, o si existen otros elementos clave, como la calidad de la mano de obra y la productividad del país.
El ministro también indicó que, en colaboración con el Banco Mundial, se hicieron análisis sobre el impacto en la recaudación de un eventual impuesto. Según dichos estudios, podría representar alrededor del 1,2% del producto interno bruto (PIB) sobre las empresas que actualmente operan en el territorio nacional.
Posición Trump
Donald Trump, presidente de Estados Unidos, sostiene que este acuerdo promovido por la OCDE, junto con otras prácticas fiscales extranjeras consideradas “discriminatorias”, podría llevar a represalias contra empresas estadounidenses si Washington no se alinea con los objetivos de políticas fiscales internacionales.
“El Acuerdo Fiscal Global no tiene fuerza ni efecto en los Estados Unidos”, resume el texto con el que Estados Unidos se salió del acuerdo de la OCDE.
A pesar de que jurisdicciones como la Unión Europea y el Reino Unido han adoptado este acuerdo para fijar un impuesto corporativo mínimo del 15 %, el Congreso estadounidense no ha ratificado la medida.
Trump también instruyó al secretario del Tesoro, en consulta con el representante comercial de Estados Unidos, a investigar si algún país incumple tratados fiscales bilaterales o aplica normativas fiscales que sean extraterritoriales o afecten de manera desproporcionada a las empresas estadounidenses.
En caso de identificar tales prácticas, advirtió que su administración presentará al presidente una lista de opciones para adoptar medidas de protección o tomar acciones en respuesta a estos incumplimientos o disposiciones fiscales.