La resolución determinó que Hacienda dejó sin contestar lo relacionado con evaluaciones de impacto en la protección de datos personales y posibles coordinaciones con la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes (Prodhab).
El recurso lo presentó José Sánchez Pérez, analista de ciberseguridad, quien acudió al Ministerio de Hacienda el 13 de agosto de 2026 para solicitar información sobre la posible contratación de herramientas de análisis de datos, inteligencia artificial e inteligencia de fuentes abiertas para la Dirección General de Aduanas, la Dirección General de Tributación y la Policía de Control Fiscal.
La petición incluía consultas sobre contrataciones administrativas, presupuestos, reuniones con proveedores, cooperación internacional y mecanismos de protección de datos personales ante el eventual uso de estas tecnologías.
Hacienda respondió el 21 de agosto mediante un oficio del viceministro de Ingresos, Víctor Carvajal Porras. Sin embargo, omitió responder una de las preguntas y reprodujo la contestación correspondiente a otro apartado.
Hacienda corrigió la respuesta después del recurso
Ante la Sala Constitucional, el viceministro de Ingresos explicó que la omisión se produjo por un error material involuntario en la elaboración del documento.
La institución corrigió la respuesta el 21 de setiembre de 2026, después de que la Sala notificó la tramitación del recurso de amparo.
En el nuevo oficio, Hacienda informó que no inició, encargó ni programó evaluaciones de impacto en la protección de datos personales relacionados con la fase de exploración tecnológica.
También confirmó que no efectuó consultas, coordinaciones ni gestiones ante la Prodhab sobre ese asunto.
Pese a la corrección, el 8 de octubre, los magistrados consideraron procedente declarar con lugar el recurso, pues la información faltante se entregó después de que el caso llegó a conocimiento del Tribunal.
Sala Constitucional resolvió el caso sin condena económica
La Sala declaró con lugar el recurso, pero la mayoría de los magistrados decidió no condenar al Estado al pago de costas, daños y perjuicios, debido a que Hacienda corrigió la omisión durante la tramitación del proceso.
El magistrado Luis Fernando Salazar Alvarado discrepó parcialmente de esa decisión. Consideró que correspondía imponer la condena económica por el incumplimiento del plazo legal para responder.
La resolución del 8 de octubre se tramitó bajo el expediente 26-031959-0007-CO y aborda el derecho de petición y pronta respuesta ante las instituciones públicas.
Antecedente
El 24 de junio de 2026, el ministro de Presidencia y Hacienda Rodrigo Chaves, aseguró que Costa Rica incorporaría tecnologías desarrolladas por el Mossad, la agencia de inteligencia de Israel.
Un día después, el analista de ciberseguridad y perito informático José Sánchez Pérez presentó una solicitud de información pública ante el Ministerio de Hacienda para conocer detalles sobre estas herramientas tecnológicas.
Ante la falta de respuesta dentro del plazo legal, Sánchez interpuso un recurso de amparo el 13 de julio. Hacienda respondió el 15 de ese mes e informó a la Sala Constitucional que consideraba atendida la solicitud.
Posteriormente, el 12 de agosto, la institución remitió otra respuesta en la cual señaló que no existía una herramienta tecnológica definida y que el proceso permanecía en fase de exploración y análisis. Esta información contrastó con el anuncio realizado por Chaves en junio.
Al día siguiente, el 13 de agosto, Sánchez presentó una nueva solicitud de información pública para conocer detalles sobre esa fase de exploración, incluidas posibles contrataciones, estudios de mercado, contactos con proveedores y evaluaciones de impacto en la protección de datos personales.
La respuesta incompleta a esta segunda gestión dio origen al nuevo recurso de amparo, que la Sala Constitucional declaró con lugar el 8 de octubre de 2026.