«Hay que evaluar el cambio necesario de fiscalización a cobro efectivo. Pero además, implementar TRIBU-CR distrajo muchas horas/hombre para implementarla”.
Así reaccionó el diputado oficialista y ministro de Hacienda 2022-2025 sobre recientes señalamientos de la Contraloría General de la República (CGR) sobre falta de revisiones exhaustivas a personas físicas y jurídicas que habrían incurrido en incumplimientos en el pago de impuestos por un monto cercano a ₡1,8 billones, según estimaciones.
Este monto resulta de calcular cuánto dinero habría dejado de ingresar el Gobierno si se verificaran los incumplimientos identificador por la CGR en una auditoría publicada el 15 de octubre.
Acosta, jefe de la bancada del Partido Pueblo Soberano (PPSO), dijo que esa cifra requiere ser tomada con cautela porque corresponde a estimaciones de eventuales resultados de seis riesgos identificados para el período 2023-2026.”Esa valoración de la CGR no corresponde a un monto verificable”, contestó.
“No corresponde a auditoría individual de cada obligación ni a un cálculo del monto que Hacienda dejó de recaudar por no fiscalizar (…) Es imposible que ese monto refleje efectivamente un incumplimiento tributario”, reaccionó Acosta, cuestionando si fue una proyección o si fueron recursos no cobrados.
Cuando se le repreguntó por qué, al margen el monto, se registraron incumplimientos en la fiscalización de la Dirección General de Tributación (adscrita a Hacienda), mencionó que hubo necesidad de dedicar recursos a otras tareas, aludiendo la aplicación del sistema TRIBU-CR, el sistema integración de recaudación tributaria del Gobierno, que entró en funciones en 2025.
Consultada por Doble Check, la CGR admitió que el monto es un total de la estimación del riesgo por falta de controles y que a Hacienda le corresponde verificar los casos, pero sí aseguró que hubo serias falencias en controles extensivos (revisiones rápidas y masivas) sobre seis tipos de riesgo en la recaudación de renta.
Esto porque a pesar de los problemas identificados en las cuentas de 781.576 contribuyentes, sólo en el 3% de los casos las autoridades aplicaron esas revisiones rápidas y al final fueron únicamente 2.567 las que recibieron acciones de fiscalización. Además las acciones de control cayeron de manera abrupta entre 2023 y 2025, pues pasaron de 1.767 diligencias a solo dos.