La Cámara de Empresas de Distribución de Energía y Telecomunicaciones (CEDET) se une al llamado del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) para que se apruebe el proyecto de ley 23.330 impulsado por el Poder Ejecutivo, y que también excluiría a la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) y a la Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago (JASEC) de la regla fiscal.
Desde la entrada en vigencia de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, la regla fiscal complica presupuestar los fondos necesarios para comprar toda la energía que la ESPH y JASEC requieren del ICE, especialmente en momentos en que la demanda de electricidad muestra un crecimiento en todo el país.
De aprobarse esta reforma se evitará la desmejora y se permitirá la continuidad del servicio eléctrico para casi 200 mil usuarios de electricidad de zonas como: San Pablo, cantón central de Heredia, San Rafael, San Isidro, cantón central de Cartago, Oreamuno, El Guarco, Paraíso y Alvarado, proveídos por la ESPH y JASEC. Además, garantizará que 74 mil heredianos reciban el recurso de agua potable sin mayor inconveniente.
Según indicó Rocío Céspedes, gerente general de JASEC la afectación a la organización que representa se traduce en situaciones como por ejemplo: Reducción en las inversiones sobre los servicios actuales y en el mantenimiento de la red en condiciones óptimas de calidad así como atrasos en mejoras para la competitividad en electricidad e infocomunicaciones.
La regla fiscal impide tomar nuevos financiamientos para generar inversiones que perpetúen los servicios ofertados por la institución, como el desarrollo de nuevos proyectos para aumentar la capacidad de generación de la empresa.
Esto puede afectar la atracción de inversiones o la salida de las actuales de los parques industriales, generando problemas de empleo y frenando el desarrollo económico de la provincia de Cartago”, concluyó la jerarca.
CEDET siempre ha defendido la tesis de que no existe una justificación válida para aplicar la regla fiscal a ESPH y JASEC, pues los ingresos necesarios para prestar los servicios públicos que tienen a cargo vienen en su totalidad de las tarifas aprobadas por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP), pagadas por los propios usuarios en sus recibos mensuales.
Ni la ESPH ni JASEC reciben ingresos o financiamiento provenientes del Presupuesto Nacional por lo tanto no amenazan la sostenibilidad fiscal del país.
“Ponerle límites a los recursos económicos que requerimos y que la ARESEP nos ha aprobado en las tarifas para satisfacer la demanda de energía eléctrica de nuestros usuarios, es un atentado contra los principios constitucionales de continuidad, sostenibilidad y universalidad de los servicios públicos, y máxime de aquellos esenciales como la electricidad y el agua”, aseguró Allan Benavides, presidente de CEDET y gerente general de ESPH.