En el informe se giran instrucciones al ministro de Hacienda, Nogui Acosta, para que se ejecuten las correcciones correspondientes y se fijen plazos.

Según la auditoría, las instituciones públicas pagaron ¢8.102 millones en salarios de más durante los meses que duró el ciberataque a los sistemas de información administrados por Hacienda, que fueron impactos en abril de 2022.

También se dejó de pagar ciertos montos de dinero a empleados públicos que sumados alcanzan los ¢3.382 millones.

Sin embargo, aunque después de que se rehabilitó el Sistema Integrado de Recursos Humanos, Planillas y Pagos (Integra), las instituciones no han culminado el proceso de pago y recuperación de salarios a causa del ciberataque y tampoco se habían recibido instrucciones de Hacienda para finalizar el proceso de revisión.

La entidad fiscalizadora encontró, además, ingresos por la suma de ¢287.892 millones que al 31 de diciembre de 2022 no se pudieron identificar a qué impuesto correspondían los depósitos recibidos en los meses del ciberataque. Es decir, no se tiene certeza sobre si esos recursos no debieron registrarse como ingresos de la República, debido a que podrían pertenecer incluso a otras instituciones.

A los anteriores hallazgos, la Contraloría determinó debilidades relacionadas con la información que se remite en la liquidación del presupuesto, principalmente con la ausencia de un informe que contemple de manera integral la liquidación de ingresos y egresos, su resultado financiero y la segregación de documentos sobre la rendición de cuentas por parte de la Dirección General de Contabilidad Nacional.

Esto, advierte el órgano contralor, dificulta el fácil acceso y la comprensión de manera integral sobre el desempeño presupuestario, aspecto que se considera indispensable para mejorar la rendición de cuentas a la ciudadanía y la toma de decisiones en la gestión pública.

En detalle, las debilidades que encontró la CGR son las siguientes:

•     No se remite un informe que contemple de manera integral la liquidación de ingresos y egresos del presupuesto de la República que incluya, a su vez, el resultado final de la liquidación para mostrar el déficit o superávit, así como tampoco un análisis de ese resultado.
•     El Ministerio de Hacienda presentó, por medio de documentos separados, los informes: “Análisis Presupuesto Global 2022”, “Informe de Ejecución Presupuestaria periodo 2022 y sus anexos”, así como el documento “Bases y Métodos de registro de Partidas Ingresos y Egresos”. Los tres se refieren a una misma liquidación, pero revelan datos distintos, lo cual dificulta el entendimiento sobre el resultado del presupuesto.
•     Diferencias entre los montos reportados sobre el Presupuesto Nacional, según el documento “Análisis Presupuesto Global 2022”, cuyo monto devengado a diciembre de 2022 en los egresos es por la suma de ¢10.282.575 millones y en los ingresos es por ¢10.941.255 millones, cifras que no coinciden con la suma de ¢10.850.686 millones en los egresos reportada como monto del presupuesto devengado, según el archivo “Liquidación Anual Detallada de Egresos Sin Arrastre 2022”, y con los ingresos por ¢10.941.254 millones reportados en el archivo “Liquidación Anual detallada de Ingreso Presupuestarios Nacionales 2022”.
•     El Ministerio de Hacienda, en su página web, publica en diferentes secciones algunos de los informes de rendición de cuentas de fin de año, sin que se permita la identificación de los mismos con mayor facilidad, con el fin de obtener una comprensión integral del desempeño presupuestario del Gobierno como insumo para la toma de decisiones.
•     Falta de definición y análisis sobre la información que debería contemplar la liquidación de ingresos y egresos del Presupuesto, así como el propósito y la utilidad de los documentos a remitir en cumplimiento con lo establecido en la Ley de la Administración Financiera y su Reglamento.
•     La ausencia de un informe integral de liquidación presupuestaria que contenga toda la información de los ingresos y egresos del presupuesto de la República y su respectivo análisis no permite conocer el resultado global de la ejecución del presupuesto de forma ágil, así como evaluar el desempeño financiero y buen uso de los recursos públicos para una mejor toma de decisiones, tanto por parte de la Administración como de los usuarios de esta información financiera.
•     La segregación de los documentos sobre la rendición de cuentas no permite el fácil acceso y la comprensión de manera integral sobre el desempeño presupuestario por parte de todos los usuarios. Esta integración debe buscar la eficiencia y simplicidad en la presentación de información para no generar duplicidad de esfuerzos.