La Red Nacional Antitabaco (Renata) le solicitó al Gobierno incrementar los impuestos al tabaco y luchar contra el comercio ilícito de cigarrillos.

El Observatorio de Comercio Ilícito (OBCI) de la Cámara de Comercio de Costa Rica (CCCR), en colaboración con la empresa costarricense Total Research Network (TRN), ha presentado un comunicado alertando sobre un presunto aumento del comercio ilícito de cigarrillos en el país durante el segundo trimestre de 2023.

Algunos puntos centrales que Renata destaca de este comunicado son los siguientes:

1.     Los Observatorios de Comercio Ilícito: Estos organismos florecieron en prácticamente todos los países de la región, al amparo de las cámaras de comercio nacionales. Si bien esto no es negativo, en principio, en todos los casos estos observatorios están financiados o publican “estudios” financiados por la industria tabacalera que, en la región, son básicamente, Philip Morris International y British American Tobacco. Este “modus operandi” consiste en publicar estos “estudios” que alertan sobre el comercio ilícito y lo ligan al aumento de impuestos al tabaco o cualquier otra medida de control de tabaco, sin ningún sustento técnico o de carácter económico.

2.     Falta de sustento técnico: Las “estimaciones” aportadas por el OBCI, fueron aparentemente realizadas por Total Research Network (TRN), una compañía local de investigación de mercados que no ha publicado detalles sobre la metodología, las variables usadas, como el área geográfica investigada, población estudiada, etc. Esta empresa ni siquiera tiene una página web donde pueda consultarse esta información. Los estudios de comercio ilícito rigurosos suelen tener un protocolo de investigación predefinido; pasar por Comités de Ética de instituciones reconocidas para cautelar aspectos vinculados a confidencialidad y protección de datos; ser revisados por pares independientes que analicen críticamente sus métodos y resultados; y, en numerosas oportunidades, publicados en revistas científicas con revisión de pares. En el caso de este “estudio” no se conoce que haya seguido ninguno de estos procedimientos.

3.     Conflicto de interés: El director de TRN, Arnoldo Carpio Malavassi, fue antes de ingresar a TRN y durante 13 años, empleado de la British American Tobacco en Centroamérica y en Europa. Es de suponer, por tanto, que posee fuertes lazos con dicha industria, lo que cuestionaría la objetividad de este estudio (más allá de la total opacidad técnica señalada en el punto anterior). Adicionalmente, la CCCR tiene entre sus asociados a British American Tobacco Central America y a Philip Morris International, empresas que sistemáticamente han sobre-estimado globalmente, los niveles de comercio ilícito para empresas que sistemáticamente a nivel global han sobre-estimado los niveles de comercio ilícito para obtener reducciones en impuestos al tabaco. Esto, a pesar de que la evidencia internacional muestra que no hay relación entre impuestos al tabaco y comercio ilícito. Por otro lado, estas empresas han estado internacionalmente, involucradas en forma directa en casos de comercio ilícito (como responsables o promotoras de dicho comercio) en América del Norte, Europa, Asia y África.

4.     Más allá de la completa turbidez de este “estudio” de TRN, existen indicadores objetivos, públicos y contrastables que ponen en duda la presunta duplicación del comercio ilícito de cigarrillos en Costa Rica, que según el comunicado de la CCCR ocurrió en tan solo cinco años. Uno de esos indicadores es la evolución de los precios de los cigarrillos legales en Costa Rica, fijados por la propia industria tabacalera. En un contexto de aumento drástico del comercio ilícito, sería esperable que los precios de los cigarrillos legales no crecieran o al menos crecieran al ritmo de la inflación. De otra manera, los consumidores de cigarrillos legales podrían elegir consumir cigarrillos ilícitos. Esto NO es lo que pasó recientemente en Costa Rica, según lo manifestado en diciembre de 2022 por el economista del Banco Mundial, Dr. Roberto Iglesias que estuvo en nuestro país. Entre 2016 y 2020 (últimos datos disponibles) en Costa Rica, el impuesto específico al cigarrillo aumentó un 6,8%, mientras que el precio de la marca legal más vendida, aumentó un 29,3%. Esto implicó que el precio de fábrica, más el margen de intermediación, aumentara un 37%, muy por encima del incremento de la inflación, que fue del 6,8%. Esto quiere decir que, en el periodo en el que hubo un supuesto incremento del comercio ilícito, las tabacaleras aumentaron los precios y sus márgenes de ganancia fueron más de cinco veces por encima de lo que aumentó el impuesto al tabaco y la inflación.

5.     Aumento de impuestos y medidas de control: Lo que ocurrió recientemente en Costa Rica, dado lo expuesto en el punto anterior, es que la industria tabacalera habría aumentado sus ganancias (vendiendo un producto que enferma y mata más de 1274 costarricenses al año) aprovechando que el Estado no aumentó los impuestos al tabaco. Si el Estado hubiera incrementado de manera decidida los impuestos al tabaco (uno de los más bajos entre los países pertenecientes a la OCDE y por debajo del umbral sugerido por la Organización Mundial de la Salud), el Estado se habría apropiado de esos recursos (que tuvieron como destino las tabacaleras) y los habría destinado a financiar las atenciones de salud, por las numerosas enfermedades causadas por el tabaco que cuestan al país ¢300 mil millones al año. Dicho de otra manera, la sociedad se quedó con los enfermos, muertos y gastos en salud y las tabacaleras aumentaron sus ganancias. El camino para que la sociedad costarricense disminuya y recupere parte de los costos asociados al consumo de tabaco, es incrementar los impuestos al tabaco y aumentar los instrumentos de control del comercio ilícito, tales como los mecanismos de conteo y trazabilidad. Esto es lo que recomiendan enfáticamente organismos internacionales tales como la Organización Mundial de la Salud, el Banco Mundial y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), de las que Costa Rica es parte.

“Esperamos que el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Salud se comprometan, como lo acordaron el 5 de junio pasado, a luchar contra un producto que deja millones de dólares en manos de unos pocos, mientras causa 2.174 muertes al año y provoca 16.000 casos de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, cáncer y enfermedades cardiacas, entre otras”, manifestaron.