Los diputados de la Comisión de Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa rechazaron un proyecto de ley, este martes 26 de setiembre, que buscaba autorizar el retiro parcial de los fondos del Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP). La votación resultó en cuatro votos en contra y tres a favor.
El proyecto, bajo el expediente 23.802, fue presentado por el diputado Francisco Nicolás del Partido Liberación Nacional (PLN). La iniciativa permitiría a los trabajadores afiliados a una operadora de pensiones complementarias solicitar el traslado de hasta el 30% de su saldo acumulado en el ROP para pagar deudas con el sistema financiero o casas de préstamo o empeño.
Los liberacionistas Luis Fernando Mendoza, Andrea Álvarez Marín y Rosaura Méndez Gamboa votaron a favor del proyecto, mientras que Luz Mary Alpízar del Progreso Social Democrático (PPSD), Rosalía Brown y David Segura de Nueva República, y Priscilla Vindas del Frente Amplio se opusieron.
Durante la discusión previa a la votación, Segura explicó que permitir a una persona retirar anticipadamente el ahorro del ROP afectaría su pensión futura una vez que se jubilara.
La diputada del PPSD, Luz Mary Alpizar, compartió esta preocupación, argumentando que el porcentaje permitido para el retiro no sería suficiente para solventar las deudas de muchos cotizantes.
Segura también señaló que un retiro anticipado podría obligar a las operadoras de pensiones complementarias a vender títulos valores a un precio más bajo, lo que reduciría el rendimiento de los fondos.
Por otro lado, el liberacionista Luis Fernando Mendoza explicó que los diputados del PLN apoyaban el proyecto debido al interés de la ciudadanía en poder utilizar esos recursos para enfrentar sus deudas.
Retiro del ROP nació con oposición
El proyecto, propuesto por Francisco Nicolás en mayo de 2022, recibió críticas y oposición de diversos sectores, incluso antes de llegar a la corriente legislativa. La iniciativa formaba parte de las propuestas del excandidato presidencial José María Figueres.
En marzo del 2022, antes de las elecciones de segunda ronda, la Asociación Costarricense de Operadoras de Pensiones (ACOP) indicó que la propuesta “garantizaría una situación de pobreza en la vejez” a muchas personas que hubieran agotado parte de su ahorro de manera anticipada.
Posteriormente, el 3 de mayo del 2022, cuando Rodrigo Chaves Robles aún era presidente electo de la República, el ahora mandatario anunció su disgusto con el proyecto y mencionó que de aprobarse en la Asamblea Legislativa lo vetaría.
En aquel entonces, Chaves sostenía que la propuesta podría llevar a las personas a retirar dinero del ROP para pagar deudas con bancos que estaban experimentando un aumento en la morosidad en sus portafolios de tarjetas de crédito.
En febrero pasado, el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, también cuestionó la iniciativa, argumentando que permitiría abrir una puerta que afectaría el futuro financiero de las personas y que el monto máximo que se podría retirar, en la mayoría de los casos, sería de solo ¢300.000.
En eso coincidió Javier Cascante, exsuperintendente de Pensiones, quien compareció ante la Comisión Legislativa, donde indicó que el retiro del 30% del ROP no resolvería las deudas de las personas.
“Tomar recursos de un fondo para jubilación que, además, se creó con el objetivo de complementar la pensión de regímenes básicos, como la del IVM, no creo que tenga el impacto y el valor agregado que se pretende (...). El proyecto no resuelve esa problemática que considero son de las más importantes en el país, genera una tensión social importante”, sostuvo el economista en febrero pasado.
El pasado 13 de setiembre, los diputados de la misma comisión discutieron otro proyecto que permitiría utilizar el dinero del ROP para adelantar la pensión del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).