Los diputados de la Comisión para el Control del Ingreso y Gasto Público acordaron este jueves llamar a comparecer, en una fecha aún no definida, a la jerarca de la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF), Rocío Aguilar, para que se refiera al interés del Banco Central de Costa Rica (BCCR) de acceder a datos personales de los ciudadanos.
Los legisladores aprobaron una moción con ese propósito impulsada por la congresista Andrea Álvarez, del Partido Liberación Nacional (PLN).
La comparecencia de Aguilar resulta de especial importancia porque esta institución dio a conocer las exigencias del BCCR para tener acceso a datos integrales de todas las operaciones de crédito, incluyendo el número de identificación de cada persona, que los intermediarios financieros supervisados le remiten respecto de sus deudores a la Superintendencia para el desarrollo de sus labores de supervisión.
Con base en un criterio legal, la SUGEF se negó a entregar la información solicitada por el banco y a raíz de ello Aguilar fue denunciada penalmente por el presunto delito de desobediencia.
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Los diputados también aprobaron llamar en audiencia a las siguientes personas:
- Bernardo Alfaro, gerente general del Banco Nacional de Costa Rica (BNCR). También reviste importancia porque, al igual que Aguilar, fue denunciado por no entregar datos con alto nivel de detalle de las operaciones crediticias y clientes del BNCR al BCCR.
- Mauricio París, abogado experto en arbitraje, tecnología y protección de datos. Le brindará insumos a los legisladores sobre la Ley de Protección de la Persona frente al Tratamiento de sus Datos Personales y las solicitudes hechas por el Banco Central.
- Ronulfo Jiménez, asesor económico de la Asociación Bancaria Costarricense (ABC). Se le consultará por el argumento del Banco Central de que las solicitudes de información de deudores sin anonimizar al BNCR, Banco de Costa Rica (BCR), Banco Popular (BP) y BAC fueron para efectos del cálculo de la Tasa Básica Pasiva (TBP).
- José Antonio Hidalgo Marín, presidente de la Asociación para la Defensa de los Intereses y Derechos de Consumidores y Usuarios del Sector Financiero, Industrial, Energético, Inmobiliario y de la Administración Pública en Costa Rica (Asodidcu). Esta organización pidió a la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes (Prodhab) medidas cautelares para suspender la aplicación del acuerdo del Banco Central mediante el cual le solicitó información personal de los deudores a la SUGEF.
Los congresistas conocieron otras dos mociones para llamar a comparecer al procurador general de la República, Iván Vincenti Rojas, y al presidente del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero Nacional (Conassif), Alberto Dent.
La Comisión para el Control del Ingreso y Gasto Públicos abrió un expediente para investigar al BCCR por solicitar datos personales de los costarricenses a la SUGEF y a bancos.