El ministro de Hacienda, Nogui Acosta, afirmó este miércoles que el Gobierno firmará un acuerdo para pagar la deuda histórica del Estado con la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) hasta que se realice un análisis exhaustivo que determine la veracidad de los servicios que se están cobrando.

Para Acosta, es necesario hacer esta revisión de la información porque, en su criterio, los 180 programas informáticos con los que cuenta la CCSS “no dan datos fidedignos”.

“Desde el punto de vista del Gobierno, hay un interés específico en llegar a acuerdos con la CCSS y seguirle pagando, tanto así que, en este momento, el Gobierno tiene $54 millones y estamos en una negociación para ver cuáles de aquellos cobros que nos hace la CCSS están basados en datos reales”, explicó el ministro durante la conferencia de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

“Si una persona dice que recibió una cesárea y resulta que es de sexo masculino, creo que no debería pagarle”, mencionó a modo de ejemplo.

“Si hay una persona que dice que tiene 200 años y está dentro del cobro de la CCSS, yo no debería pagarle; eso es lo que estamos resolviendo”, agregó.

De esta forma, el ministro de Hacienda aludió a una nota de La Nación del pasado 16 de octubre, la cual detalla que la institución de seguridad social carece de un inventario de los datos sobre la población asegurada, a nivel médico y financiero.

La información también explica que están dispersas las 180 diferentes aplicaciones tecnológicas con las que cuenta la institución, en muchos casos desconectadas entre sí y sin responsables de garantizar la privacidad de la información de asegurados y patronos.

“Pero, nos hemos reunido ya varias veces (CCSS-Hacienda) y esperamos que la próxima semana tengamos la última información de las bases de datos que requerimos, para poder suscribir el primer convenio de pago”, añadió.

El jerarca reiteró el interés del Gobierno de llegar a acuerdos con la CCSS y seguirle pagando, para lo cual, aseguró, ya el Estado cuenta con $54 millones.

“Desde el punto de vista del Gobierno, este ha sido el primero que tiene un interés legítimo en establecer un proceso de pago, pero no solamente en establecer un proceso de pago, sino definir parámetros objetivos que puedan permitirle tanto a la CCSS cobrarnos como a nosotros tener certeza de lo que nos está cobrando, que corresponda a servicios prestados o a personas que efectivamente hicieron uso de los permisos”, señaló.

Consultado sobre si el acuerdo cubriría solo lo referente al seguro de salud o si también incluiría lo adeudado por el aporte estatal al régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), Acosta se limitó a señalar que “vamos de a poco, pero incluiría todo lo que tiene la CCSS contabilizado y sea acordado”.

Según cálculos de la CCSS, para febrero del 2023, la deuda acumulada del Gobierno en el pago de las cuotas estatales al IVM era de ¢531.000 millones y se espera que, para finales de año, se eleve a unos ¢600.000 millones.

Está previsto que este año la entidad se vea obligada a tomar dinero de la reserva del sistema para completar los pagos de las pensiones, lo cual adelanta el ingreso a un escenario crítico que se había previsto iba a ocurrir hasta el 2030.

El escenario se adelantó en siete años porque el Gobierno ha incumplido con el pago completo de las cuotas estatales al IVM, según detallan actas del Comité de Vigilancia del IVM.