Durante la sesión de la Comisión de Hacendarios en la que se aprobó la cuarta modificación para el presupuesto del 2023, la presidenta Paulina Ramírez indicó que se solicitará apoyo a la Contraloría General de la República para indagar si el Ministerio de Hacienda utilizó de manera ilegal recursos que se debían destinar para un Fondo de Avales para el sector privado, y que se habrían desviado para el pago de deuda.

La denuncia fue presentada durante la sesión del órgano parlamentario por el diputado Jonathan Acuña del Frente Amplio (FA), quien especificó que provino de consultas realizadas por el diputado Alejandro Pacheco, jefe de fracción del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), quien le habría compartido respuestas de Hacienda.

“Hay una situación muy preocupante, al parecer $270 millones que se debían destinar para crear un Fondo de Avales fueron utilizados para otros fines, a pesar de que la ley era absolutamente clara de que eso no se podía hacer. Esto es gravisimo”, mencionó Acuña.

El diputado especificó que según la ley 9988, Aprobación de un contrato de préstamo entre Costa Rica y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, y el Banco Centroamericano de Integración Económica, el país recibió recursos para constituir un Fondo de Avales para las personas afectadas por la pandemia. De los $300 millones, $270 millones serían para este Fondo de Avales y $30 millones para la Caja Costarricense de Seguro Social.

La ley, vigente desde el 11 de junio del 2021, también determinó que en caso de no aprobarse una ley especial para conformar el Fondo de Avales en los siguientes 18 meses, podrían destinarse los recursos para el pago de deuda. Sin embargo, tanto Acuña como la presidenta de la comisión aseguraron que este requisito legal si se cumplió, con la ley 10.106, Creación del Fondo de Avales para las personas afectadas por el COVID-19.

“La ley estuvo aprobada dentro del plazo de los 18 meses, por lo que no se podía cambiar el destino de estos fondos, es un incumplimiento de la ley, que fue muy clara al definir el uso. Tenemos que pedir explicaciones o presentar la denuncia correspondiente”, dijo Ramírez.

La diputada Pilar Cisneros, del todavía oficialista Partido Progreso Social Democrático (PSD), participó en el debate para indicar que cuando la actual administración asumió el poder, a los pocos meses se dio por terminada la crisis por la pandemia del COVID-19. “Por lo tanto, el Gobierno considera que no era necesario un Fondo de Avales para socorrer a las personas, y pidió invertir este dinero en el pago de deuda, cosa que no fue aceptada por esta comisión, que decidió mas bien dárselo a la Banca para el Desarrollo”, indicó.

Además, Cisneros enfatizó que el Gobierno quería dejar muy clara su posición de que estos fondos habrían sido muy útiles para pagar parte de la deuda.

Esto fue utilizado por los diputados para reafirmar su inquietud por una posible ilegalidad. “El Gobierno presentó un proyecto para cambiar el uso, porque sabían que se requería de una ley, pero la mayoría en la comisión no estuvo de acuerdo”, dijo Acuña, mientras Ramírez manifestó que al no aprobarse un cambio legal, se mantenían las disposiciones de la ley 9988, que se encuentra vigente. “Solo por ley se puede modificar una ley anterior, si ya se ejecutaron estos recursos sin una ley que lo autorizara, estamos ante un incumplimiento que se debe investigar”, expresó.

Ramírez también comentó que era falso decir que no se requería de ese Fondo de Avales, porque precisamente los efectos de la pandemia todavía son visibles en personas que se quedaron sin acceso al crédito, y ante la solicitud de Acuña de solicitar un apoyo de la Contraloría en este tema, indicó que desde la Comisión de Hacendarios se enviará la solicitud al ente fiscalizador.