La noche de este miércoles 3 de mayo el ministro de Comercio Exterior (Comex), Manuel Tovar, señaló que había sido una decisión estudiada y fundamentada.

Ante la pregunta de El Observador el ministro señaló que están convencidos de la capacidad que tiene la Promotora de Comercio Exterior (Procomer), institución sobre la cual recaería la labor que hace Cinde actualmente.

“Estamos totalmente convencidos de ello, es una decisión de hemos venido pensando, desde el ministerio, desde el cual yo dirijo, dese la promotora, donde hay una junta directiva representada por cámaras empresariales”, comentó Tovar.

Este medio le solicitó al jerarca precisar el nombre de la persona que puso el tema “sobre la mesa”. Sin embargo, no se respondió específicamente, solo se indicó que cuenta con el apoyo de distintos sectores.

Gobierno con músculo suficiente, aseguran jerarcas

Este miércoles trascendió que el Gobierno intenta rescindir este contrato con Cinde. El documento oficial a través del cual el ministro comunicó la decisión señala que la razón es financiera, por falta de recursos y por la imposibilidad de crecer debido a la regla fiscal.

Sin embargo, esta noche también señaló como otro de los factores el desempeño que ha tenido Cinde para atraer empresas que operen fuera del Gran Área Metropolitana (GAM). Dijo que esta tarea será asumida por Comex.

Tanto el ministro Tovar como el gerente general de Procomer, Pedro Beirute, aseguran que el Gobierno tiene el “músculo” suficiente como para asumir el rol que ha jugado Cinde y que ha sido premiado mundialmente en distintas ocasiones.

Asombro

Pese a que el ministro Tovar asegura contar con el apoyo de las cámaras empresariales desde este miércoles, cuando trascendió la noticia, distintos sectores han reaccionado en contra.

En un comunicado de prensa, Cinde manifestó que buscará una ruta de resolución “y seguir impactando el empleo y los encadenamientos”.

“Cinde continuará aportando al país y confiamos en encontrar una ruta de resolución” señaló la agencia de promoción

La Asociación de Empresas de Zonas Francas de Costa Rica (Azofras) reaccionó con asombro al enterarse de la intención del Gobierno.

“Esta noticia nos genera incertidumbre sobre la protección de la integridad del modelo histórico de colaboración público-privado en atracción de inversión que ha sido tan exitoso y reconocido a nivel mundial”, dijo el presidente de Azofras, Carlos Wong.

El vocero señaló que esta medida podría crear un clima de inseguridad jurídica para los inversionistas, así como para las 635 empresas inscritas y más de 500 que se encuentran en operación dentro del régimen de zonas francas.

Diputados reaccionan

El presidente legislativo, Rodrigo Arias; el liberal Eli Feinzaig y la diputada liberacionista Andrea Álvarez alzaron la voz contra la medida.

“Es preocupante la práctica que está asumiendo el Gobierno de la República de romper con las políticas público-privadas que a través de los años han sido profundamente exitosas, que han generado réditos positivos para el país y que han colaborado al desarrollo nacional”, dijo Arias.

“Es grave, sin sentido, absolutamente una muestra de ceguera política y encaja dentro de un patrón que ha seguido este Gobierno de botar al bebé con el agua sucia de la tina”, señaló Feinzaig.

El economista fue secundado por sus compañeras de bancada Kattia Cambronero y Johanna Obando.

El Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) también hizo público un pronunciamiento en el que mostró su preocupación por las consecuencias en materia de inversión extranjera.

“No podemos poner en juego la imagen del país y que se afecten la inversión extranjera, competitividad y generación de empleo”, dijo el diputado socialcristiano y jefe de fracción,  Alejandro Pacheco.