El Ministerio de Hacienda reafirma su transparencia en el registro de las cifras fiscales y asegura que cuenta con fundamentos suficientes para rechazar las conclusiones expuestas por la Contraloría en el Dictamen sobre la Liquidación de Ingresos y Egresos del Presupuesto de la República 2022.
Así lo manifestó su jerarca, Nogui Acosta Jaén, quien ratificó, de manera contundente, que el déficit financiero al cierre del año 2022 fue de 2.5% del PIB (¢1.116.751 millones de colones) y que el registro de los ingresos y gastos en el Presupuesto de la República se ajustan a la técnica contable y a la normativa vigente.
Sobre lo expuesto en el informe del órgano contralor Hacienda manifiesta lo siguiente:
1. La forma en que se refleja la incorporación de los ingresos de los Órganos Desconcentrados (ODs) en el presupuesto de la República no tiene ninguna objeción técnica por parte de Comisión de Clasificadores, de la que la CGR es parte. La incorporación de ¢201.457,0 millones provenientes de los ODs está dentro de la técnica contable y en correspondencia directa con la normativa aplicable para ese ejercicio económico, toda vez que los ODs siguen existiendo y mantienen su desconcentración mínima y máxima, rigiéndose por su ley de creación. Por lo tanto, no es cierto que exista una mala clasificación de estos ingresos, como erróneamente concluye la Contraloría.
2. La Contabilidad Nacional brindó al órgano contralor las justificaciones pertinentes que se ajustan a la normativa contable aplicable por esa Dirección, respecto a los recursos por ¢12.101,0 millones indicados en el numeral 1.11, que no fueron registrados en la liquidación presupuestaria por razones de técnica contable, únicamente, y no por falta de transparencia como se quiere hacer notar en el dictamen.
3. La liquidación de ingresos se hizo conforme a los dispuesto por la legislación. Los recursos incorporados en la clasificación de transferencias del presupuesto 2022 fueron discutidos y aprobados por las y los legisladores, lo que se evidencia con la aprobación de las Leyes 10305- II Presupuesto Extraordinario, 10316 – III Presupuesto Extraordinario, 10309 – IV Presupuesto Extraordinario y 10339 – V Presupuesto Extraordinario. Por lo tanto, no es cierto que exista una mala clasificación de los ingresos como se concluye en el informe.
4. Para poder honrar un cobro debe existir su presupuestación, la cual se rige y debe ajustarse al cumplimiento del bloque de legalidad. El cobro por ¢252.287,0 millones referidos a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), que la CGR asegura no están presupuestados en el ejercicio del 2022, son recursos que no constituyen un gasto verificable en la liquidación porque no están presupuestados en el 2022. Asimismo, el monto indicado se basa en un reporte de la CCSS no conciliado con el Ministerio de Hacienda, por lo que no es posible hacer referencia de un gasto sin registrar y por ende sin presupuestar, cuando no existe claridad de la deuda pendiente con esa entidad.
5. Cabe recordar que el límite de acción financiera de las entidades públicas es su presupuesto, conforme lo establece la Constitución y la Ley de 8131 - Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos. Precisamente, esta última señala en el artículo 110 inciso f) la prohibición expresa de que no puede el Poder Ejecutivo emitir órdenes de pago sino se encuentra debidamente presupuestado el contenido económico para el pago efectivo que se ordena.
6. De acuerdo con el artículo 46 de la Ley 8131 (Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos), los saldos disponibles caducan el 31 de diciembre de cada año y los gastos comprometidos a esa fecha se trasladan el periodo siguiente, lo que señala la misma Contraloria en su informe. Siendo así, queda claro que en aplicación a esta normativa los aportes patronales y estatales del Ministerio de Educación Pública no podían ser registrados, como equivocadamente lo indica el ente contralor.
“Tenemos argumentos suficientes para estar en total desacuerdo con las conclusiones expuestas por la Contraloría en este dictamen, las que más que a razones técnicas parecen responder a valoraciones subjetivas. En todo momento, el Ministerio de Hacienda ha actuado con transparencia y ha brindado la información requerida por el ente contralor, tanto para este informe como para la atención de diversos requerimientos que constantemente realiza a cada una de nuestras dependencias. Sin embargo, en este caso, las argumentaciones y las razones aportadas parecieran no haber sido consideradas, tampoco la técnica contable”, enfatizó el Ministro.
“Siempre hemos observado y nos hemos apegado al bloque de legalidad que rige el ejercicio económico desde su inicio hasta su cierre, mismo que es amplio, complejo, diverso, afecto a modificaciones en el tiempo y sobre el que entendemos, también debería actuar la Contraloría General de la República”, concluyó Acosta.