45 legisladores avalaron el expediente 23.973 que gira más recursos para la inversión en seguridad pública al redistribuir recursos del impuesto a personas jurídicas.
El destino de los recursos será: un 75% de lo recaudado será invertido en infraestructura física de las delegaciones policiales, la compra y el mantenimiento de equipo policial, en la atención de la seguridad ciudadana y el combate a la delincuencia. Dichos recursos no podrán ser utilizados para el pago de remuneraciones, pagos extras, viáticos, transportes al interior o exterior del país.
Por otro lado, un 10% de lo recaudado será asignado al Ministerio de Justicia y Paz, para apoyar el financiamiento de la dirección general de adaptación social, sin poder ser utilizados tampoco en temas salariales ni de viáticos.
Dentro de la nueva ley se establece que las entidades beneficiarias con la distribución de estos recursos, deberán presentar de forma anua al cierre del año presupuestarios, un detalle de gastos e inversiones realizadas con los recursos provenientes de este impuesto y lo deberán remitir tanto a la comisión permanente de seguridad y narcotráfico, como a la comisión de de control de ingreso y gasto público de la Asamblea Legislativa.