Este jueves 27, el Ministerio de Hacienda notificó el cambio del plazo para presentar la declaración ordinaria del Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales (RTBF), siendo ahora el periodo habilitado entre el 1 y el 31 de octubre de este año.
Este cambio de fechas es el segundo que la entidad realiza este 2024, ya que en marzo se había estableció julio como el periodo para presentar dicha declaración. Aunque normalmente, esta se suele realizar entre el 1 y el 30 de abril.
Hacienda atribuyó esa nueva variación a la “parametrización que debe realizar el Banco Central de Costa Rica (BCCR) en la página Central Directo” (la plataforma transaccional exclusiva para del RTBF), como resultado de una medida cautelar que se acogió en abril pasado.
Raymundo Volio, abogado especialista en impuestos de Actualidad Tributaria, explica que en esta ocasión “el cambio que se está realizando por segunda vez se debe a que se prevé una nueva publicación de una resolución conjunta entre el Banco Central, el Ministerio de Hacienda y Instituto de Control de Drogas, que a la fecha no se ha emitido”.
Sobre las sanciones ante el incumplimiento de presentar la declaración del RTBF dentro del plazo establecido, Volio señala que el contribuyente se expone a una sanción del 2% de la cifra de los ingresos brutos del periodo anterior de la infracción, según el impuesto sobre las utilidades.
El especialista también indica que el RTBF es una obligación común de los países de la La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), como Costa Rica:
“Para este año, se están haciendo nuevas modificaciones para los obligados que han llegado de forma tardía, de ahí que se haya pospuesto el deber en dos ocasiones. Esta posposición es perjudicial para los contribuyentes, ya que se crea incertidumbre y la obligación de estar atentos a las nuevas modificaciones que se publicarán antes del mes de octubre para poder declarar correctamente”.
Según el Ministerio de Hacienda, el RTBF consiste en un sistema informático desarrollado por el Banco Central de Costa Rica, que permite a las personas jurídicas y otras estructuras jurídicas como: fideicomisos, administradores de recursos de terceros y las organizaciones sin fines de lucro; suministrar la información para registrar a sus participantes (socios accionistas, cuotistas u alguna otra denominación dependiendo del tipo de persona jurídica, etc.) y sus beneficiarios finales, así como otra información relevante de personas físicas que permita un control eficaz en la lucha contra el fraude fiscal, la legitimación de capitales y el financiamiento del terrorismo.
