El II Informe Macroeconómico 2025: evolución económica y desafíos fiscales, del Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible (Cinpe) de la Universidad Nacional (UNA) señala que la realidad fiscal del país ha entrado en el terreno de la incertidumbre.
El financiamiento para la seguridad pública en Costa Rica encuentra una fuente clave en el Impuesto a las Personas Jurídicas (Ley 9.428). Entre 2020 y 2024, el tributo recaudado permitió trasladar alrededor de ¢86.000 millones al sector.