Mes a mes, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) cobra a miles de patronos y trabajadores las cuotas destinadas a financiar pensiones y servicios de salud. Sin embargo, los porcentajes aplicados por la institución no están respaldados por los cálculos actuariales que exige la ley para determinar el costo de los servicios y sustentar esos aportes.