La Cámara Costarricense de la Construcción advirtió de las consecuencias que tendría para la economía nacional la aprobación de más impuestos, como lo plantea el Gobierno.
Por esa razón, solicitó al Poder Ejecutivo que retire los proyectos ley que presentó a la Asamblea Legislativa, los cuales buscan aumentar la carga tributaria a las empresas y a los asalariados.
El director ejecutivo de la CCC, Randall Murillo, externó la preocupación de la organización porque las iniciativas fiscales no fueron socializadas con los sectores políticos y sociales, a pesar de la importancia que revisten para el país, antes de que el Ministerio de Hacienda las presentara al Congreso.
“Reconocemos que Costa Rica necesita atender la problemática del déficit fiscal, que amenaza la estabilidad económica y social del país”, dijo.
Pero sostuvo que primero se debe empezar por una profunda revisión del gasto público y una optimización del aparato estatal.
Mencionó que cifras de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) muestran que Costa Rica destina el 13,86% de su Producto Interno Bruto (PIB) al mantenimiento de la planilla pública, dato que supera el promedio general de los países que conforman ese foro y que alcanza el 10,24%.
Adicionalmente, según el informe Paying Taxes 2020 del Banco Mundial, Costa Rica tiene la carga tributaria más alta de Centroamérica y su recaudación de impuestos está por encima del promedio latinoamericano: 58,3%, que corresponde a lo que se llama Carga Tributaria y Contribuciones Totales, que miden el porcentaje de los tributos como parte de las ganancias.
Aseguró que presentar un paquete de impuestos en momentos en los que la economía nacional requiere dinamizarse resulta contraproducente porque más tributos tendrían como resultado frenar el consumo y la inversión, aumentar los costos de producción y reducir la competitividad nacional.
“Aumentar los impuestos existentes provocaría una ralentización de la actividad económica. El sector construcción actualmente constituye un motor económico a partir de sus múltiples encadenamientos, pero es altamente sensible a los cambios en las tasas impositivas”, agregó Murillo.
Recordó que en los últimos años el sector ha sido afectado por diversos factores que han dificultado la recuperación de la actividad económica: aumento en los precios de los insumos, incertidumbre con respecto al tipo de cambio y altos niveles de las tasas de interés, así como pérdida generalizada del poder adquisitivo.
“Exhortamos a esta Administración para que retire los proyectos de ley presentados y, por el contrario, trabaje en iniciativas que tengan como objetivo contener el gasto público y mejorar su calidad, así como en el impulso de acciones para lograr la reactivación económica que requiere nuestro país”, subrayó Murillo.
Freno al sector
La Cámara recordó que el próximo 1° de setiembre entrará en vigencia el último incremento en la tasa del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para los servicios de ingeniería, arquitectura, topografía y construcción de obra civil. Esta pasará de un 8% al 13%.
Esa medida fue incluida en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas que fue aprobada hace menos de cinco años por la Asamblea Legislativa y cuya implementación no ha finalizado.
“Este incremento impactará directamente en los costos de los proyectos de construcción y el precio de la vivienda. Un aumento adicional en impuestos representaría un freno al sector”, alertó Murillo.
Sostuvo que a partir de la entrada en vigencia de la última reforma fiscal la carga tributaria del país aumentó sustancialmente y los ingresos tributarios han venido mostrando una tendencia creciente, por lo que no se justifica un nuevo aumento de impuestos.
Problemas
Algunos de los problemas identificados por la CCC en los textos presentados por el Gobierno a la Asamblea Legislativa son los siguientes:
Expediente 23.760. Ley del Impuesto sobre la Renta
Excede lo requerido por la Unión Europea (UE) para excluir a Costa Rica de la lista gris, a pesar de que ya están presentadas en la corriente legislativa dos iniciativas que atienden el tema de una mejor manera.
En términos generales, la propuesta busca aumentar la carga tributaria. Esto afectaría seriamente a las pymes al fijar un “flat tax” del 30%.
Se plantea migrar a un esquema de renta mundial para las rentas pasivas, sin haber analizado a profundidad las implicaciones para el país.
Al limitar la deducción de los intereses, se encarece el crédito. Esto afectaría sensiblemente los costos productivos e incrementaría los precios de los proyectos de construcción.
Se eliminaría la posibilidad de deducir los costos de marchamos de vehículos, lo que incrementaría los costos de las empresas con flotillas y/o maquinaria.
Se eliminaría el incentivo sobre distribución de dividendos para las empresas de Zona Franca y los incentivos sobre fondos de inversión.
Expediente 23.759. Fortalecimiento del Control Tributario
Brindaría potestades excesivas a la Administración Tributaria y eliminaría el control del Poder Judicial para diversas acciones. Dejaría en indefensión a los contribuyentes y lesionaría la seguridad jurídica.
Los representantes y accionistas de las empresas serían responsables solidariamente por las deudas tributarias de las sociedades.
Expediente 23. 761. Ley del Impuesto a la Propiedad de Vehículos Automotores
Aumentaría la tarifa nominal y la base imponible, al pasar la depreciación de 10 a 30 años.
Expediente 23.763. Ley de Evaluación de Incentivos Fiscales
Se gravaría con el IVA bienes como implementos médicos, a pesar de que representan un muy bajo impacto recaudatorio y afectaría a sectores sensibles de la población.