Según un corte realizado al 31 de diciembre del 2023, el Estado le adeuda a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) ¢46.231 millones por concepto de los impuestos al cigarrillo, los cuales son recaudados por el Ministerio de Hacienda.

La Auditoría Interna de la institución informó que esta deuda crece sostenidamente, ya que en 2022 era de ¢31.743 millones, es decir, en un año creció 45%, exactamente ¢14.240 millones. Dichos montos también incluyen los intereses, que en 2022 eran de ¢246 millones y en 2023 ¢412 millones, lo que significa que crecieron un 67%.

Una problemática identificada por el órgano auditor con respecto a esta deuda, es que recientemente no se han efectuado acciones desde la CCSS para el cobro, lo cual sí sucedía antes.

Según se especificó, en 2022 se realizaron iniciativas de cobro al Ministerio de Hacienda en vía administrativa y judicial, pero la actual administración no ha dado continuidad a estos procesos que pretenden recuperar las cifras adeudadas.

De hecho, el 21 de abril de 2022, la Dirección Financiero Contable gestionó el cobro judicial por un monto de ¢22.858 millones, pero más de 2 años después dicho trámite se mantiene en proceso.

Cabe resaltar que durante el gobierno actual no se han efectuado acciones de cobro porque la última se dio en abril de 2022 y la administración Chaves-Robles inició en mayo de ese mismo año.

    La gestión cobratoria no ha sido oportuna, ni contundente, siendo que el saldo más actualizado en trámite judicial obedece al 28 de febrero de 2022, sin que se haya logrado avanzar con el proceso para la recuperación efectiva de las cifras.

    Las debilidades evidenciadas en la gestión cobratoria administrativa y judicial han generado que no se haya dado continuidad con las acciones correspondientes para la recuperación de los montos pendientes de la deuda acumulada de principal e intereses moratorios por concepto de la Ley General de Control de Tabaco y sus efectos nocivos en la salud en la Institución, la cual en la evaluación efectuada por la Auditoría Interna en el 2018 rondaba los ¢6 mil millones y actualmente supera los ¢45 mil millones de colones, indica la Auditoría.

¿Cuánto se le debió pagar a la CCSS?

En 2022, el Ministerio de Hacienda recaudó más de ¢22.300 millones y según la ley de tabaco, el 55% le corresponde a la CCSS.

Desde el Ministerio de Salud solamente se transfirieron ¢3.490 millones, es decir, casi ¢9 mil millones menos de lo que establece la normativa. Para el 2023, la situación mantuvo la misma tendencia, porque de ¢27.355 millones recaudados, la CCSS solamente percibió ¢3 mil millones, cuando debían ser ¢15 mil millones.

Los datos demuestran que pese a que en 2023 se recaudó más dinero por los impuestos a los cigarrillos, la CCSS percibió aún menos que en años donde se recaudó menos dinero.

Para la Auditoría, es “preocupante”, que las transferencias efectuadas por el Ministerio de Salud hacia la CCSS para los periodos de 2022 y 2023 fueron de ¢6.554 millones, cuando lo correspondiente era trasladar ¢27.316 millones. Solamente, durante esos periodos quedó un saldo pendiente de ¢20.762 millones.

Además, la Auditoría resaltó que la participación intermediaria de la Unidad Financiera del Ministerio de Salud le “llama la atención”, ya que la ley de tabaco no hace referencia a Salud como responsable de transferir el 55% de recaudación.

De hecho, el artículo 29 establece lo siguiente:

    Los recursos que se recauden por esta ley se deberán manejar en una cuenta específica, en uno de los bancos estatales de la República, de conformidad con la Ley de Administración Financiera, con el fin de facilitar su manejo y para que la Tesorería Nacional pueda girarlos, directa y oportunamente, sea mensualmente.

    Preocupa a esta Auditoría Interna la disminución de las transferencias realizadas por la Unidad Financiera del Ministerio de Salud, observándose que desde el 2012 a la fecha han decrecido, siendo que del periodo 2022 al 2023 el saldo pendiente fue por un monto acumulado de ¢20,762,29 millones, es decir, en tan solo dos años se acumuló el 45% del total de la deuda registrada al cierre de diciembre 2023, sin que se observe una razón justificada que fundamente la disminución en las transferencias de estos dineros.

Funcionamiento de la ley

En marzo de 2012, en nuestro país se emitió la Ley 9028: Ley General de Control del Tabaco y sus Efectos Nocivos en la Salud, donde se estableció un impuesto específico de ¢20 por cada “cigarrillo, cigarro, puros de tabaco y sus derivados”.

En dicho momento, se estableció en el artículo 29 que el 60% de la recaudación se trasladaría a la CCSS. Pero, en setiembre de 2019, el monto se modificó a un 55%, pese a que la institución autónoma se opuso por afectaciones a futuro.