Costa Rica se acerca al cierre de 2024 con cifras negativas en materia fiscal. La caída en el tipo de cambio impactó a la baja la recaudación de impuestos y esto, a su vez, acrecentó el déficit financiero e impediría llevar el cálculo del endeudamiento público por debajo del 60% del Producto Interno Bruto (PIB).
¿Qué quieren decir estos datos en términos prácticos? Que el país tuvo peores resultados financieros de ingresos y gastos en 2024, sin que ello estuviese relacionado con un aumento significativo de la inversión pública o social.
El Ministerio de Hacienda reconoció que la caída pronunciada del tipo de cambio afectó negativamente los ingresos del Estado en los últimos dos años, principalmente por el impacto de ese factor sobre las rentas de las empresas privadas que trabajan con la divisa norteamericana. El razonamiento lo hizo en el proyecto de Presupuesto Nacional para el año 2025, que ya fue aprobado por el Congreso, con una expectativa de ingresos menor a la que se incluyó inicialmente en el plan de gastos del año en curso.
En términos generales, la cartera describió la situación como “una desaceleración importante" de los ingresos tributarios del Estado: una tendencia que ha continuado hasta el tercer trimestre del año y que, según el propio departamento de gobierno, no debería de “desviarse” demasiado en lo que resta del año.
Como consecuencia, es esperable que la situación financiera del Estado no recupere pronto su holgura y que tampoco se desamarre las camisa de fuerza que impone la regla fiscal desde 2022, cuando entró en su fase más restrictiva.
Menos ingresos
A nivel general, los ingresos tributarios del Gobierno Central crecieron un 1,3% hasta septiembre pasado en la comparación con el mismo momento del año pasado. Por eso Hacienda habla de una “desaceleración" y no de una reducción, específicamente.
No obstante, dicho ritmo de crecimiento se quedó corto en comparación con el de los gastos públicos, que fue de un 6,9% en el mismo período.
¿Cuáles factores explican la caída en la recaudación?
Principalmente una reducción ¢133.970 millones en lo recolectado por el impuesto sobre la renta a las personas jurídicas hasta septiembre, que aún podría agudizarse más; así como otra disminución de ¢38.550 millones en la del impuesto sobre la propiedad de vehículos, que se incluye todos los años como parte del marchamo.
También se vieron afectados otros tributos importantes que crecieron, pero a tasas inferiores de apenas 5%, como el impuesto al valor agregado (IVA); que junto con renta componen tres cuartas partes de toda lo que ingresa al erario público.
Relación de endeudamiento
La desaceleración de la recaudación de impuestos generó dos fenómenos que se relacionan entre sí.
Por un lado, aumentó la brecha negativa entre ingresos y gastos del Gobierno, que pasó de un 2,2% del PIB en septiembre de 2023 a un 2,7% del PIB hasta el mismo momento de 2024. Si se cumplen las previsiones para fin de año, el país encadenaría dos años consecutivos con aumentos de su déficit fiscal; contrario a la tendencia decreciente que se registró entre 2020 y 2022.
Por otro lado, hizo que se debiera acudir por más endeudamiento del previsto para llenar el vacío de ingresos. Solo el acumulado de endeudamiento externo, cuantificado en dólares, creció un 7,7% entre finales de 2023 y el cierre del tercer trimestre de este año.
Según las estimaciones de Hacienda, además, el endeudamiento público se mantendrá al cierre de este 2024 por encima del 60% del PIB. Puntualmente, la cartera proyecta que cerraría en un 61% de la producción, casi idéntico al indicador de 2023 (61,1%), según indicó el Ministerio en su Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) 2024-2029; aunque hasta septiembre pasado acalnzaba apenas un 59,7%.
Esa situación ocurre a pesar de que el tipo de cambio ha caído un 3,5% en lo que va de este 2024 y de que eso repercute favorablemente a la hora calcular el porcentaje de deuda en relación con el PIB, porque la deuda en dólares se tiene que colonizar con el tipo de cambio actual.
Hacienda ahora espera que el endeudamiento caiga por debajo del 60% hasta 2026 y ya no en 2025, como inicialmente planteaba.
Consultado meses atrás por EF, el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, reconoció que la caída del precio del dólar tiene “efecto positivo” sobre el nivel de deuda y el pago de intereses, a la hora de calcularlo en colones; pero también aseguró que igualmente ocurre un “impacto negativo” sobre la recaudación de impuestos que generalmente es más significativo, “principalmente, en lo relacionado al comercio internacional y la renta”.
“La caída en la recaudación deterioraría el balance primario del Gobierno Central, lo que derivaría en un endeudamiento (con el correspondiente pago de intereses) un poco más allá de lo previsto por el Ministerio de Hacienda”, había observado el jerarca.
Por aquel entonces se hablaba sobre el eventual beneficio que generaría para Hacienda tener un tipo de cambio bajo, en pos de un cálculo más favorable de su endeudamiento público como porcentaje de la economía.
Implicaciones
La desmejora de la recaudación tributaria recrudece la situación de estrechez financiera que ya vive el Estado costarricense, la cual ya se refleja en el estancamiento de múltiples presupuestos públicos en los últimos años.
Asimismo, amplía la vigencia de la restricciones más estrictas sobre el gasto de la regla fiscal establecidas en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (9.635), las cuales se activan cuando el endeudamiento público se mantiene por encima del 60% de la producción del año anterior.
Esta es una situación que se mantiene desde el año 2022, cuando la pandemia de la covid-19 ensanchó aún más el desajuste financiero del Gobierno Central entre sus ingresos y sus gastos.
La regla fiscal establece que, cuando la deuda supere el 60% del PIB en el año anterior a la elaboración de cada presupuesto, entonces el crecimiento del gasto total de las instituciones cubiertas por la norma no podrá superar el 65% del promedio del crecimiento de la producción nacional. Esto incluye no solo los gastos corrientes, sino también los gastos de capital, como aquellos relacionados con la construcción de obras de infraestructura.
La ley también establece que en este tipo de escenarios tampoco se podrán ajustar las pensiones al alza, excepto por costo de vida; ni efectuar aumentos salariales de cualquier tipo en todo el sector público.
La regla fiscal, además, se aplica con cierto retraso. Por ejemplo, para la elaboración del presupuesto de 2025 se usó como referencia el acumulado de deuda pública de 2023.
En otras palabras, si se cumple la proyección actual de que el endeudamiento caiga por debajo del 60% del PIB hasta 2026, sería hasta el presupuesto del año 2028 cuando se dejarían atrás las principales amarras de la regla fiscal sobre los planes de gastos que cubre.
EF envió varias consultas al ministro Acosta sobre las expectativas de Hacienda en relación con la durabilidad de los fenómenos que hoy empujan a la baja la recaudación de algunos impuestos; pero no se obtuvo una respuesta por parte de la cartera hasta el cierre de este artículo.
Hacienda, sin embargo, indicó en el proyecto de Presupuesto Nacional para el año 2025 que espera una mejoría en los próximos meses, producto de “un mayor crecimiento económico, una inflación que se aproxime a la meta definida por el BCCR, así como una leve depreciación del tipo de cambio".
En el presupuesto, Hacienda señaló sus expectativas de recaudar ¢6,91 billones de ingresos tributarios en 2025. Sin embargo, esa es solo una estimación y ya este 2024 la cartera tuvo que reducir sus expectativas de ingresos tributarios, que inicialmente eran de ¢6,94 billones y terminaron siendo un 5,7% menores según la reestimación hecha en agosto.