Desde el pasado primero de mayo, cuando se inició el primer periodo de sesiones extraordinarias de la segunda legislatura de la Asamblea Legislativa, el Poder Ejecutivo no ha convocado ningún proyecto de ley para corregir el incumplimiento del país en reformar el sistema de imposición para gravar las rentas pasivas extraterritoriales, razón por la cuál el país está en la lista de paraísos fiscales de la Unión Europea (UE) desde el pasado 14 de febrero.
Dato D+: La legislatura es el "año legislativo", e inicia cada 1 de mayo con la elección del Directorio y se extiende hasta el 30 de abril del año siguiente. Cada periodo constitucional de una Asamblea Legislativa está compuesto por cuatro legislaturas. Cada legislatura está conformada por dos periodos ordinarios y dos extraordinarios de 3 meses cada uno.
Si bien esta semana se cumple la mitad del tiempo en que el Ejecutivo tiene control de la agenda legislativa, la discusión del Plenario ha estado dominada por el proyecto de ley para reformar la jurisdicción especializada de crimen organizado y el de jornadas 4x3, el Ejecutivo ha dejado pasar estas seis semanas sin convocar los proyectos que pretenden corregir la legislación vigente para cumplir con los requerimientos necesarios para sacar a Costa Rica de la lista de paraísos fiscales de la Unión Europea.
Actualmente existen tres proyectos que cumplirían con los requisitos requeridos para que Costa Rica salga de la lista de paraísos fiscales de la Unión Europea, aunque dos de ellos tienen reformas adicionales que impactan la carga tributaria del país.
Según los lineamientos de la Unión Europea, las rentas pasivas que una persona o empresa genere en el extranjero deberían estar gravadas en Costa Rica, para así evitar que se dé una “competencia desleal” entre los regímenes tributarios de los países y que existan rentas libres de imposición.
El primer proyecto (expediente 23.581) fue presentado desde el 21 de febrero de este año por la entonces jefa de fracción del Partido Unidad Social Cristiana, Daniela Rojas Salas, y propone varias modificaciones a la Ley de Impuesto sobre la Renta “con el objetivo de lograr la exclusión de nuestro país de la lista de países no cooperantes en materia fiscal que define la Unión Europea, a través de la inclusión de reglas de sustancia y tributación en ausencia de esta, en la línea de cumplimiento del Código de Conducta de la Unión Europea, con el fin de eliminar la competencia fiscal desleal”.
Posteriormente, se presentó a mediados de abril un proyecto (expediente 23.675) por parte del jefe de la bancada del Partido Liberal Progresista, Eliécer Feinzaig Mintz, que tiene como objetivo “gravar las rentas pasivas que una persona o empresa domiciliada en Costa Rica genere en el extranjero de forma que se vuelva a incluir a Costa Rica como jurisdicción cooperante en materia fiscal de la Unión Europea (UE)”, sin embargo, también incluye una reducción en la tasa del Impuesto de Renta a las personas jurídicas de un 30 a un 27%.
Adicionalmente, el Poder Ejecutivo presentó a mediados de mayo un proyecto (expediente 23.760) que realiza una reforma completa a la Ley del Impuesto sobre la Renta, cuya principal reforma se genera por la unificación de ingresos, agrupando bajo una tarifa común los ingresos por trabajo asalariado, ingresos por jubilaciones y pensiones, ingresos por una actividad económica independiente y los rendimientos del capital inmobiliario. Según ha señalado el Poder Ejecutivo, de aprobarse este proyecto, también permitiría al país salir de la lista de paraísos fiscales de la Unión Europea.
A pesar de que los tres proyectos tienen todavía pendiente su trámite de comisión legislativa, ninguno ha sido convocado por el Poder Ejecutivo a las sesiones extraordinarias, por lo que tienen su trámite legislativo en suspenso. Costa Rica se mantendrá en la lista de paraísos fiscales de la UE hasta que no se enmiende el régimen de rentas pasivas extraterritoriales por ley.