Costa Rica fue reconocida este martes, 18 de febrero, como una jurisdicción cooperante de la Unión Europea. Esto luego que el Consejo de la Unión Europea, en su formación de Asuntos Económicos y Financieros, confirmara que el nombre del país fue removido del Anexo II de la Lista de Jurisdicciones No Cooperantes de ese foro.
“Este es un gran logro para el país y para la Administración Chaves Robles, que una vez más demuestra su compromiso con los estándares de transparencia fiscal e intercambio de información para fines fiscales, como una herramienta fundamental para luchar contra los delitos tributarios y financieros que erosionan las bases imponibles a nivel global. Además, nos permite garantizar un clima de negocios seguro y confiable a los inversionistas extranjeros, particularmente a las empresas europeas que operan en el país, las cuales ya no tendrán que preocuparse por posibles sanciones que enfrentarían de permanecer el Costa Rica en la lista gris”, destacó Nogui Acosta Jaén, ministro de Hacienda.
El Jerarca mostró su preocupación por el proyecto de Ley 23366 que reforma el artículo 106 ter del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, lo cual podría afectar de manera significativa este importante logro, al transgredir la Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua Fiscal de la OCDE.
Ser reconocido como una jurisdicción cooperante de la Unión Europea, es el resultado de un arduo trabajo de coordinación interna y externa que ha liderado el Ministerio de Hacienda por medio de la Dirección General de Tributación, que desde el segundo trimestre del 2022 llevó adelante el trámite de la reforma al artículo 106 quáter del Código de Normas y Procedimientos Tributarios.
Esta reforma fortaleció significativamente las facultades de la Administración Tributaria, permitiéndole supervisar, monitorear y verificar el cumplimiento de las entidades reportantes bajo el Estándar de Reporte Común (CRS). Ahora puede realizar evaluaciones anuales basadas en criterios objetivos y planes de riesgo previamente definidos, diagnosticar riesgos de incumplimiento en los procedimientos de control interno, exigir la implementación de recomendaciones dentro de plazos establecidos y aplicar sanciones por incumplimientos detectados.
“La tarea no ha sido fácil, pero coordinaciones y reuniones con las entidades financieras nos ha permitido generar un ecosistema integrado, para mejorar la calidad de información previsiblemente pertinente para efectos tributarios que se envía a otras jurisdicciones mediante el intercambio de información automático. Este trabajo no ha terminado, actualmente la Administración Tributaria se encuentra en el proceso de evaluación del Foro Global de Transparencia e Intercambio de Información de la OCDE en lo referente a la efectividad del CRS, mediante la aplicación de la normativa legal correspondiente al artículo 106 quáter”, informó Mario Ramos Martínez, director general de Tributación.