El peaje bancario que afecta a la banca privada y las cargas parafiscales que deben asumir principalmente los bancos estatales generan ineficiencias que elevan el costo del crédito en Costa Rica.
Así lo ha venido advirtiendo la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) a las autoridades costarricenses desde 2016. Y lo reiteró en el último Estudio Económico sobre Costa Rica, publicado el 11 de marzo.
Según dicho estudio, Costa Rica goza de estabilidad financiera, pero podría fortalecerla si corrige diversas distorsiones que persisten en el sector bancario.
“Estas distorsiones fragmentan los mercados financieros, dificultan la competencia y obstaculizan la transmisión de la política monetaria. Además, se reduce la capacidad crediticia de los bancos y su habilidad para innovar e invertir en tecnología”, señaló el organismo.
Crédito más caro
Entre las distorsiones clave, la OCDE señaló el llamado “peaje bancario”. Consiste en transferencias que los bancos privados deben hacer a un fondo administrado por los bancos estatales.
Dichas transferencias corresponden al 17% de sus depósitos a 30 días o menos y se remuneran a una tasa de interés que es la mitad de la tasa básica pasiva calculada por el Banco Central, en colones, y la mitad del promedio de tres meses la tasa SOFR, en dólares.
Por su parte, las utilidades de los bancos estatales están sujetos a una serie de contribuciones, o cargas parafiscales, que se destinan a varias instituciones gubernamentales como el Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (Infocoop), la Comisión Nacional de Préstamos para Educación (Conape), la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE) y el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).
Gerardo Corrales, economista con larga experiencia en el sector bancario, explicó que tanto el peaje bancario como las cargas parafiscales son una forma de generar distorsiones en el mercado financiero y esto hace que el margen de intermediación sea más amplio y con ello se encarecen los préstamos.
“Una cancha desnivelada”
El espacio para reducir el margen de intermediación está limitado por las distorsiones señaladas por la OCDE, las cuales no solo aumentan el costo de operación de los bancos, sino que lo hacen de manera asimétrica.
“Es una cancha muy desnivelada”, opinó Bernardo Alfaro, ex superintendente de Entidades Financieras.
El experto explicó que las diferentes cargas a las que se enfrenta cada tipo de banco, dependiendo de si es privado o público, provocan que la competencia no sea pareja y ello conlleva costos innecesarios.
En el caso específico de la banca estatal, a las entidades se les dificulta alimentar su patrimonio, pues ¢6 de cada ¢10 colones de utilidades se van a impuestos y las cargas parafiscales.
“Se hace complicadísimo capitalizar”, aseveró Alfaro, quien también fue gerente del Banco Nacional. “Un banco estatal no tiene mucho margen de maniobra”, agregó.
En el lado de los bancos privados, tener un peaje bancario se traduce en un costo, que debe ser compensado dentro de las tasas de interés. A ello se suma el aporte del 5% de las utilidades a Conape, similar a los bancos públicos.
La suma de estos factores también dificulta que los cambios en la Tasa de Política Monetaria (que es la herramienta que usa el Banco Central para influir en las tasas de interés) se transmitan de manera veloz.
Reducir el costo de intermediación
Rodrigo Cubero, expresidente del Banco Central y actual asesor económico de la Asociación Bancaria Costarricense, coincide con lo analizado por la OCDE en su último Estudio Económico sobre Costa Rica.
Explicó que corregir las distorsiones señaladas permitiría reducir el costo de la intermediación financiera, y por lo tanto mejorar simultáneamente las condiciones para los ahorrantes y para los deudores.
“Además, permitiría a los intermediarios destinar más recursos a la adopción de tecnologías para fortalecer la inclusión financiera”, resaltó.
Como consecuencia de los cambios, Cubero cree que habría un impacto positivo sobre el ahorro, el acceso a los servicios financieros y el crédito, la inversión, el crecimiento económico y el bienestar de los hogares costarricenses.
Reforma legal
La OCDE recomienda que las instituciones actualmente financiadas con las contribuciones provenientes de la banca estatal deberían transitar hacia una financiación completamente a través del presupuesto nacional.
Esta posición es respaldada por los analistas consultados.
De no hacerlo, comentó el economista Corrales, los deudores del sistema bancario son quienes terminan pagándolo.
Para corregir tanto las distorsiones en la banca pública como las que afectan a la banca privada, el primer paso sería una reforma legal.
“Las diferentes distorsiones están establecidas en instrumentos legales, por lo que sería necesario que se aprobara un proyecto de ley para su eliminación”, explicó Cubero, de la ABC.
En su informe, la OCDE concluye que la corrección de estas distorsiones tendría un impacto positivo en toda la economía, al facilitar el acceso de empresas y hogares a servicios financieros a costos más bajos.