Diputados de oposición sepultarían un proyecto de ley impulsado por el Gobierno para otorgar amplias facultades de gestión, control, supervisión, sanción y cobro a la Dirección General de Tributación del Ministerio de Hacienda.
La iniciativa, que forma parte de la agenda fiscal propuesta por el Poder Ejecutivo, se encuentra a las puertas de su votación en la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa.
Sin embargo, la oposición al proyecto —que se tramita bajo el expediente legislativo 23.759— ha crecido, y legisladores de los partidos Liberación Nacional (PLN), Unidad Social Cristiana (PUSC), Liberal Progresista (PLP) y Nueva República reconocen que votarían en contra del mismo.
Estos congresistas coinciden en que la propuesta amenaza los derechos de los contribuyentes y los dejaría indefensos frente a los poderes que el Gobierno busca conferir a la Administración Tributaria.
En términos generales, el texto planteado incluye excluir a los jueces en los procesos de cobro, embargo y medidas cautelares, así como ordenar de manera directa el secuestro de documentos o bienes sin autorización judicial.
También establece que los socios sean responsables por las deudas de las sociedades y plantea la responsabilidad subsidiaria, que aplicaría si el deudor principal no paga.
Esto, a pesar de que con las dos últimas reformas en materia tributaria —la Ley contra el Fraude Fiscal y la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas— ya se otorgaron amplias potestades a Tributación.
“Peligroso”
La diputada Paulina Ramírez, del Partido Liberación Nacional (PLN) y presidenta de la Comisión de Asuntos Hacendarios, anunció que votará en contra de la iniciativa de ley por considerarla peligrosa.
“Esta propuesta busca crear superpoderes para la Administración Tributaria, con enormes atribuciones de gestión, control, supervisión, sanción y cobro, lo cual podría prestarse para abusos y arbitrariedades. La actuación de la Administración Tributaria debe estar sujeta a límites para no violentar el debido proceso, las garantías procesales y los derechos fundamentales de las personas administradas”, argumentó.
Aseguró que, si se hace responsables a los socios por las deudas de las sociedades, se puede generar un alto riesgo para ellos, muchos de los cuales no tienen forma de controlar las actuaciones de los administradores que puedan tener consecuencias ante el fisco.
También sostuvo que la propuesta establece la responsabilidad subsidiaria —que aplica si el deudor principal no paga— como un supuesto nuevo. De ese modo, si el socio no paga sus deudas, el fisco podría intentar cobrarlas a la empresa de la que es socio.
Además, alertó que actualmente solo un juzgado penal puede calificar una declaración como fraudulenta, lo cual permite extender la prescripción a 10 años. Sin embargo, con el proyecto de ley, la Administración Tributaria podría calificar una declaración como fraudulenta a partir de indicios, lo que también permitiría extender la prescripción a ese mismo plazo.
La liberacionista cuestionó que se le permita a Tributación gestionar el cobro directamente en sede administrativa, sin necesidad de recurrir al actual proceso de cobro judicial.
“Un cambio de esta magnitud debe ser acorde con el equilibrio que debe existir entre la eficiencia administrativa y la protección de los derechos de los contribuyentes”, agregó.
Aunque dijo que todavía no ha tomado una decisión, el legislador José Pablo Sibaja, del partido Nueva República, reconoció que la propuesta de ley es peligrosa.
“El proyecto del Gobierno, que ellos llaman para fortalecer el control tributario, lo estamos revisando. Es complejo y debe analizarse con lupa. Se le estarían dando más facultades al Ministerio de Hacienda que creemos que podrían ser peligrosas”, añadió.
El congresista Carlos Felipe García, del PUSC, confirmó a través de un mensaje escrito que votará en contra de la iniciativa.
“Draconiano”
El legislador Eli Feinzaig, del PLP, calificó el proyecto de ley como “uno de los más draconianos” que ha propuesto el Poder Ejecutivo.
“Es un proyecto que viene a contradecir absolutamente todo lo que desde el PLP hemos defendido. Nos hemos opuesto firmemente y con argumentos a esta parte del paquetazo fiscal de la administración Chaves Robles desde que este conjunto de proyectos llegó al Congreso”, manifestó.
Aseguró que el proyecto refleja una lectura equivocada del problema de la evasión fiscal.
“Siguen creyendo que la evasión fiscal se soluciona a puro garrote, cuando lo necesario es simplificar el sistema tributario y eliminar impuestos. Pero aquí lo que se busca son poderes más draconianos para las autoridades en contra de la ciudadanía. La solución que propone este proyecto de ley es darle potestades confiscatorias a Hacienda para que los contribuyentes únicamente tengan la opción de quedarse callados y nada de caritas”, comentó Feinzaig.
El congresista advirtió sobre las consecuencias que tendría para el mercado accionario la propuesta de hacer responsables a los socios por las deudas tributarias de las sociedades, y afirmó que, solo por eso, el proyecto debería ser rechazado por la Comisión de Asuntos Hacendarios.
Con respecto al planteamiento de que la Administración Tributaria pueda secuestrar documentos sin autorización judicial, dijo que lo que se propone “son allanamientos sin orden judicial”.
“Secuestro de documentos, secuestro de bienes, secuestro de computadoras, discos duros, etc. Esto es una barbaridad; esto es propio de regímenes totalitarios”, advirtió el diputado.
Añadió que espera que el próximo martes, cuando se realice la votación, se le dé sepultura final a ese proyecto de ley, con lo cual quedaría archivado y no pasaría al Plenario Legislativo.