La agenda fiscal que propuso el Gobierno en 2022 fracasó en la Asamblea Legislativa debido a la torpeza del Poder Ejecutivo para negociar con las bancadas de oposición.
Así lo sostuvieron los diputados Paulina Ramírez, del Partido Liberación Nacional (PLN), y Eli Feinzaig, del Partido Liberal Progresista (PLP), así como el analista Fernando Rodríguez, coordinador del Observatorio Económico y Social (OES) de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional.
En el mensaje de sus primeros 100 días de mandato, el presidente Rodrigo Chaves anunció un conjunto de proyectos de ley y medidas fiscales que impulsaría su administración.
Algunas de las reformas mencionadas fueron las siguientes:
- Proyecto de ley de renta global dual para que las personas físicas contribuyeran mediante una única cédula y bajo un impuesto progresivo.
- Venta del Banco de Costa Rica (BCR) y del Banco Internacional de Costa Rica (Bicsa) para generar ingresos frescos al fisco, equivalentes aproximadamente a un 2,8 % del Producto Interno Bruto (PIB).
- Apertura del 49 % de las acciones del Instituto Nacional de Seguros (INS) para permitir la inversión de fondos de pensiones.
- Reforma al Código de Normas y Procedimientos Tributarios para fortalecer el control de la Dirección General de Tributación.
- Centralización de la gestión de la deuda pública en una sola dependencia del Ministerio de Hacienda.
- Implementación del proyecto Hacienda Digital para unificar los sistemas informáticos de ese ministerio, con el fin de mejorar el servicio al contribuyente, reducir los tiempos de espera, facilitar el pago de impuestos y fortalecer los controles fiscales.
- Colocación de eurobonos para mejorar las condiciones de financiamiento de la deuda pública.
- Apertura del mercado local de deuda a mercados internacionales.
- Medidas para contener el crecimiento del gasto público mediante la Ley Marco de Empleo Público y la reestructuración del Estado.
De esas propuestas, pocas lograron avanzar, como la centralización de la gestión de la deuda pública en Hacienda, la colocación de $3.000 millones en eurobonos —de los $5.000 millones autorizados por el Congreso—, la apertura del mercado local de deuda y la implementación de la Ley Marco de Empleo Público, una iniciativa heredada de la anterior administración.
El impuesto de renta global dual y la venta del BCR toparon con una férrea oposición legislativa, mientras que la venta de Bicsa y del 49 % de las acciones del INS ni siquiera se presentó en la corriente legislativa.
El proyecto para otorgar amplias potestades a la Administración Tributaria está a punto de ser archivado en la Comisión de Asuntos Hacendarios y Hacienda Digital sigue sin concretarse.
Incompetencia
Feinzaig afirmó que la agenda fiscal propuesta por el Gobierno fracasó, evidenciando la torpeza del Ejecutivo para negociar.
“No sé si es torpeza o una decisión adrede. A veces da la impresión de que al Gobierno no le interesan las soluciones, sino los pleitos. Un buen ejemplo es el proyecto de venta del Banco de Costa Rica, que presentó dos veces en la corriente legislativa sin consultarlo con nadie; la tercera vez hablaron de un nuevo proyecto, tampoco consultado, pero ni siquiera lo llegaron a presentar”, manifestó el legislador.
Sostuvo que no hubo ningún esfuerzo del Gobierno por sentarse a negociar con los diputados la aprobación de estos proyectos de ley, aunque fuera de forma parcial.
“Esta ha sido la tónica de este Gobierno: anuncios grandilocuentes, nula voluntad de negociación, cero seguimiento del trabajo legislativo, lo cual ya realizan de manera descarada, tomando la decisión de ni siquiera nombrar ministro o ministra de la Presidencia. Los resultados son peores que pobres: simplemente no lograron nada de la ruta fiscal anunciada en 2022”, concluyó Feinzaig.
Ramírez, por su parte, comentó que las propuestas del Ejecutivo no constituían una ruta fiscal, sino un paquete de impuestos.
Por ejemplo, mencionó que en renta global se pretendía subir el impuesto a las pequeñas y medianas empresas hasta el 30 %, lo que habría generado un gran impacto en ese sector, además de reducir el mínimo exento de los asalariados de ¢950.000 a ¢800.000.
“El Gobierno, al no tener viabilidad política ni técnica —pues había errores que corregir—, habló de un texto sustitutivo que nunca llegó a la Asamblea ni fue impulsado. Tampoco presentaron mociones para consultas o audiencias; dejaron vencer el proyecto, y ahí sigue en la agenda”, declaró.
En el caso de la propuesta para fortalecer el control tributario, subrayó que resulta abusiva y representa un gran riesgo para los derechos de los contribuyentes.
“Pese a que Hacienda Digital es un proyecto que inició en 2021, a la fecha no ha sido implementado ni ejecutado. Este sistema traería grandes beneficios en la lucha contra la evasión, ya que permitiría integrar todos los sistemas e identificar mejor a los evasores”, agregó.
Rodríguez, economista y exviceministro de Hacienda, consideró evidente que no se alcanzó la agenda planteada.
Puntualizó que faltaron tres elementos fundamentales para su concreción:
- Una comunicación clara hacia la ciudadanía sobre los alcances de las medidas propuestas.
- Una intensa labor de negociación mediante acercamientos con la Asamblea Legislativa.
- Un acercamiento con los sectores involucrados.
“Respecto al impuesto de renta global, se requería un gran esfuerzo legislativo, una presencia permanente en la Asamblea, un acercamiento con los sectores afectados, y una coordinación interna en el Gobierno para mantener una posición alineada. Estas cosas no sucedieron. A estas alturas, posiblemente el espacio para impulsar una agenda legislativa en materia fiscal se ha agotado”, aseguró.
Defensa
A pesar de los resultados y críticas, el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, defendió que la agenda de su ministerio fue exitosa en la definición clara de a cuáles entidades se aplica la regla fiscal, un proyecto aprobado por la Asamblea, y en la gestión de la deuda pública.
Indicó que, desde el punto de vista práctico, se obtuvieron cuatro logros:
- La definición del tratamiento fiscal de los inversionistas nacionales y extranjeros en el mercado local.
- La aprobación del plan de manejo eficiente de la liquidez del Estado.
- La unificación de la gestión de la deuda en una sola dependencia de Hacienda.
- El ingreso pleno de Costa Rica como miembro del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), que permite el acceso a recursos para atender necesidades de financiamiento local.
Sin embargo, reconoció que, en materia fiscal, solo se avanzó en un plan de adecuación de deudas tributarias mediante arreglos con Hacienda.
“En lo que se refiere a la privatización de instituciones, eso no ha tenido mucha aceptación en la Asamblea Legislativa. En el caso particular del Banco de Costa Rica, hemos hecho dos propuestas, una formal y otra informal, y tenemos una tercera, pero no hemos encontrado el espacio político para presentarla”, dijo.