Dado que el sistema tributario de Costa Rica dice que una serie de exoneraciones en el pago de impuestos y créditos fiscales a las empresas adscritas al régimen Especial (zona franca y perfeccionamiento activo) ayuda a incentivar la inversión extranjera directa, lo cierto es que también tiene un elevado costo fiscal.
De acuerdo con el Informe de Política Monetaria (IPM) del Banco Central de Costa Rica (BCCR) las empresas de zona franca tienen una tasa reducida del impuesto de renta, que varía según la antigüedad de la compañía, la actividad económica y la ubicación geográfica, la cual va del 0% hasta llegar al 30%.
Reportó Róger Madrigal, presidente del Banco Central, que en el informe sobre estimación del gasto tributario del 2023 calculó que durante ese año por las exenciones al impuesto de renta, el gobierno central dejó de percibir un 2,07% del producto interno bruto (PIB), del cual un 67,79% correspondió a exenciones a empresas ubicadas en zonas francas.
Es decir, que el Estado dejó de percibir por impuesto de renta en zonas francas un 1,41% del PIB, que es casi ¢661.000 millones.
“Las zonas francas aportaron el 39% al incremento de la producción, genera un 12% del empleo nacional, pero en cuanto a recaudación fiscal es muy poco el aporte, únicamente un 0,9% del total y poco más del 1% en renta”, señaló Madrigal.
En promedio, señala el informe del BCCR, en 2023, el 71% de las empresas de zona franca no pagaron impuesto a la renta, debido a la combinación de las exenciones, créditos fiscales y períodos de pérdidas contables.
Entre 2019 y 2024 el crecimiento del régimen especial superó con creces la tasa de crecimiento del régimen definitivo, o de las empresas locales; aportaron más de la mitad de las exportaciones del país y pagaron salarios superiores con respecto al resto de compañías instaladas en el país.