El gobierno de la República hizo hoy un nuevo llamado de atención sobre dos grandes retos fiscales que enfrenta el país: la evasión fiscal y el alto gasto tributario, cuyos controles podrían ser más efectivos, de contarse con nuevas herramientas legales y mayor celeridad en la resolución de denuncias penales.
El Ministerio de Hacienda estima el incumplimiento tributario (no pago de impuestos) en 5,7% del PIB. Este monto es equivalente a 2.282.487 millones de colones, con datos del 2021, y el gasto tributario (ingresos no percibidos por tratamientos fiscales preferenciales) en 4,3% del PIB, equivalente a 2.024.040 millones de colones.
En ambos casos, este gobierno ha intensificado sus esfuerzos administrativos para garantizar una fiscalización efectiva. Desde el Ministerio se han presentado 306 denuncias ante el Ministerio Público y se han propuesto diversas iniciativas de ley destinadas a fortalecer el control y optimizar la recaudación. No obstante, las resoluciones de estos casos y la aprobación de los proyectos de ley no han avanzado con la rapidez necesaria para mejorar los resultados alcanzados a la fecha.
Algunas iniciativas de ley fueron archivadas y atención de denuncias penales es lenta
Las personas físicas con actividad lucrativa, como los profesionales liberales, son las que registran el mayor incumplimiento (87% del impuesto estimado), seguidas por el impuesto sobre la renta a personas jurídicas (46%), el impuesto al valor agregado (41%) y el impuesto sobre la renta al salario (14%). Por ello, el Ministerio mantiene el interés en impulsar las iniciativas de ley incluidas dentro de su estrategia “Hacienda en Acción: Trazando la sostenibilidad fiscal”.
“Desde 2023 presentamos a la Asamblea Legislativa cinco iniciativas de ley, que buscan dotar a la Administración Tributaria de mejores herramientas para combatir la elusión y evasión.
Lamentablemente, dos ya fueron archivadas por la Asamblea Legislativa, dos siguen en discusión y solamente una, para facilitar la regularización tributaria, fue aprobada. Con este escenario, las acciones de control seguirán siendo insuficientes” expuso Nogui Acosta Jaén, ministro de Hacienda.
A lo anterior, se suma la resolución tardía de denuncias penales, desestimación y sobreseimiento de casos en el Ministerio Público. Así, de 120 denuncias presentados por la Dirección General de Tributación entre 2001 y marzo del 2025, 39 fueron sobreseídas, 34 desestimadas y 24 se mantienen activas, algunas de ellas desde 2004 y 2006.
Como se indicó, durante esta Administración Hacienda ha presentado 306 expedientes ante la Fiscalía por diversos delitos, entre ellos incumplimiento tributario. De estos, solo ocho presentados por la Policía de Control Fiscal se han resuelto (todos sobreseídos).
En materia administrativa, la Dirección General de Tributación ha determinado ¢187.312 millones de impuestos dejados de pagar en 908 casos, los cuales están en etapa de cobro.
24 proyectos de Ley propuestos por diputados crean nuevas exoneraciones y no sujeciones de impuesto.
En cuanto al gasto tributario, si bien el esfuerzo de esta Administración por controlar y fiscalizar los beneficios fiscales ha sido clave para evitar un aumento, los logros alcanzados se afectarían de prosperar alguna de las 24 iniciativas de ley propuestas por los legisladores para crear nuevas exoneraciones a favor de algunos grupos y sectores, así como no sujeciones de impuesto, que impedirán dar trazabilidad a ciertas actividades económicas.
A la fecha, hay una tendencia decreciente que demuestra una gestión eficaz de exenciones, deducciones y tarifas reducidas. Acciones administrativas entre 2022 y 2024 permitieron determinar ¢1.085 millones, en 63 casos por mal uso de exoneraciones, los cuales se encuentran en distintas etapas de cobro.
De acuerdo con el último informe de Hacienda, el gasto tributario total descendió. Este pasó de ¢2.070.973,5 millones en 2022 a ¢2.024.039,8 millones en 2023, lo que es equivalente a una reducción de 4,63% a 4,30% del PIB, respectivamente.
Con el fin de hacer más eficiente el control sobre exoneraciones y cumplir con la Ley que las regula y exige al Ministerio de Hacienda revisarlas periódicamente, se propuso el Proyecto de Ley 23.763, para eliminar aquellas regresivas, con impacto ambiental negativo o que se encuentran en desuso.
Sin embargo, al igual que otras iniciativas que buscan mejorar los controles tributarios, esta no recibió el apoyo necesario de los legisladores.
“Muchos hemos reiterado la importancia de que todos los actores sociales y políticos asumamos la responsabilidad que nos corresponde para hacer de Costa Rica un mejor país. Desde el Ejecutivo seguimos redoblando esfuerzos con las armas que tenemos, para enfrentar a los evasores de impuestos. Pero cualquier acción será insuficiente, si lejos de contar con nuevas herramientas legales y resolución de denuncias penales, cada vez son más las iniciativas de ley para crear exoneraciones, y cada vez son más los expedientes de denuncias pendientes de resolución”, enfatizó el Jerarca de Hacienda.