En un mundo donde los pagos digitales crecen y la lucha contra la evasión fiscal se intensifica, Costa Rica necesita explorar nuevas formas de financiar prioridades urgentes como la seguridad.
Inspirado en el modelo colombiano del “cuatro por mil”, un impuesto a las transacciones financieras (ITF) podría generar recursos frescos para fortalecer la seguridad pública, sin afectar los bolsillos de quienes menos tienen.
Un ITF que grave con un 0,4% (4 por cada 1.000 colones) los movimientos de dinero en el sistema financiero, como transferencias, pagos por Sinpe móvil o débitos automáticos, sería similar a un timbre fiscal, que se aplicaría cuando el dinero sale de una cuenta bancaria, y serían los bancos los encargados de retenerlo.
La clave de este “cuatro por mil” es su diseño progresivo: solo se aplicaría a transacciones superiores a ¢100.000 y, con este umbral, se protegen las operaciones diarias de la mayoría de los costarricenses.
Basándonos en los datos de 2024, el sistema financiero costarricense movió ¢396 billones. Con una alícuota del 0,4%, el ITF podría recaudar ¢1,59 billones, equivalentes al 3,4% del PIB. Si las transacciones crecen un 16% en 2025, como sugieren las tendencias, la recaudación alcanzaría ¢1,85 billones.
Incluso, considerando una posible reducción del 5%-10% en el volumen de transacciones (como ocurrió en Colombia y Argentina), el impuesto generaría al menos ¢1,76 billones de base. ¡Un monto que podría revolucionar la seguridad!
El “cuatro por mil” colombiano demuestra que este impuesto es viable, aunque no está exento de retos, ya que inicialmente sugiere elasticidad negativa. Las transacciones bancarias caerían hasta un 10%, pero exenciones para montos bajos ayudaron a recuperar el sistema. En Costa Rica, donde las transferencias Sinpe de hasta ¢100.000 son gratuitas, este umbral protegería a los pequeños comerciantes y hogares, manteniendo la inclusión financiera.
Lo bueno es que el ITF no solo generaría ingresos, sino que también podría combatir la evasión fiscal. Al gravar movimientos financieros, se desincentiva el uso de efectivo no declarado, lo que complementa los esfuerzos del Banco Central y el Ministerio de Hacienda por rastrear pagos comerciales.
Además, al aplicarse solo al emisor y eximir transacciones pequeñas, este modelo es más progresivo que el colombiano y se asemeja más al enfoque francés, y esto logra un equilibrio entre recaudación y estabilidad económica.
Es cierto que el ITF podría encarecer las transacciones y reducir su frecuencia, ya que cualquier impuesto afecta el comportamiento económico de los agentes. Sin embargo, el umbral de ¢100.000 mitiga este impacto, y experiencias internacionales muestran que el sistema financiero se adapta con el tiempo.
Para contrarrestar la resistencia del sector bancario, que históricamente ha frenado esta idea, se necesita una comunicación clara: este impuesto no afectará los pagos cotidianos y sus fondos irán directamente a combatir la inseguridad que les preocupa a todos.
Costa Rica afronta retos de seguridad que requieren soluciones audaces. El ITF de “cuatro por mil” es una herramienta que, bien diseñada, puede fortalecer las finanzas públicas sin sacrificar la inclusión financiera. Con un potencial de recaudación de ¢1,76 billones, este impuesto podría financiar más policías, tecnología de vigilancia y programas preventivos. Esto marcaría un antes y un después en la seguridad ciudadana.
Es hora de superar las barreras políticas y apostar por un futuro más seguro.