El mundo experimenta una vorágine excepcional en el crecimiento exponencial de las grandes riquezas, mientras que la desigualdad y las alternativas para gravar estos capitales seguirá sin tocar a las compañías estadounidenses.
Recientemente la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) anunció un acuerdo de 145 países para aplicar un impuesto mínimo del 15% a las multinacionales (impuesto mínimo global), pero que, a su vez, plantea un mecanismo de exención a las compañías estadounidenses. Pareciera una buena alternativa para sentar bases fiscales a los grandes capitales, sin embargo, en Costa Rica no tendrán ningún efecto.
El proceso negociador acordó imponer el impuesto a las sociedades, el cual, si no lo cobraba el país en que una multinacional tiene su sede, lo harían las jurisdicciones en que esa empresa tiene actividad. La idea es que las corporaciones multinacionales no sigan erosionando las bases tributarias de los países donde operan y en los que deberían tributar de forma efectiva.
Eso sí, hay que entender que la OCDE no es un organismo internacional, sino una asociación de países promotores de buenas prácticas en políticas públicas, y han promovido instrumentos para que sean acogidos por las naciones, y en el caso del impuesto mínimo se consolida como una propuesta que para algunos expertos tiene pocas oportunidades, no sólo en Costa Rica, sino en toda América Latina.
Según explicó Luis Moreno, director de fiscalidad internacional de la Red Latinoamericana y del Caribe por Justicia Económica, Social y Climática (Latindadd), el impuesto del 15% no se aplicaría a todas las multinacionales, sino solo a aquellas que facturan más allá de los 750.000 millones de euros o los $850.000 millones.
¿Cómo pinta este impuesto para Costa Rica?
Según cifras de la Promotora de Comercio Exterior (Procomer) el país alberga a unas 1.000 compañías multinacionales en áreas como la salud, la manufactura avanzada, la manufactura ligera, las tecnologías digitales, los servicios globales, la industria alimentaria y la agroindustria, las cuales provienen de 67 distintas naciones.
Solamente en el sector de servicios, Costa Rica cuenta con más 360 empresas multinacionales que exportaron unos $8.000 millones a septiembre del 2025, el 46% de ellas se ubican en el nicho de inteligencia artificial (IA), el 34% en automatización y el 27% en aprendizaje automático.
Y para el 2025, el país atrajo 55 nuevos proyectos de inversión extranjera directa (IED), de los cuales 30 provenían de Estados Unidos y los otros 25 desde México, Países Bajos y España, sin embargo, imponer un impuesto del 15% a las multinacionales en el contexto actual no tendría mucho futuro.
De acuerdo con Fernando Rodríguez, economista y exviceministro de Hacienda, existen marcos diferenciados en cada país y la política fiscal no se ha estandarizado, a excepción de algunos mecanismos que resultan similares como el impuesto al valor agregado (IVA).
“Lo que nos permitiría es tener un piso a partir del cual podamos gravar algunas empresas, aunque políticamente no le veo mucho futuro en este momento. El tema de zonas francas se ha vuelto tabú y en momento de elecciones presidenciales no se vislumbra a ningún candidato reconociendo que pensaría en aplicar ese impuesto”, indicó el experto.
Al contrario, agregó Fernández, algunos candidatos presidenciales han hablado de dar más incentivos, aunque claramente la situación fiscal no lo permitiría. Claro que si hubiera posibilidad de implementar este impuesto a multinacionales nivelaría “la cancha” con las empresas nacionales, en el tanto, los mayores socios comerciales de Costa Rica lo apliquen.
“Nosotros dependeríamos de que Estados Unidos lo acoja, lo cual no va a pasar, al menos así lo ha dejado en claro el presidente Donald Trump, por lo que en este período no sería viable”, señaló.
¿Y la región?
Luis Moreno detalló que, en este proceso de negociación del impuesto, Estados Unidos dijo que pondría aranceles muy grandes a los países que impusieran el 15% a sus multinacionales, lo que dio un quiebre en las negociaciones.
Este nuevo acuerdo deja como efecto que las multinacionales de origen estadounidense sigan teniendo un mayor margen de maniobra, incluso en algunos casos utilizando guaridas fiscales, mientras que avanza un proceso sumamente complejo para avanzar en normas para los países que tomaron el acuerdo.
Sobre todo, es más complejo para los países en vías de desarrollo, en comparación con los desarrollados, en términos de técnica, recursos y capacidades tecnológicas, para abordar el proceso y esa complejidad es parte del problema para América Latina.
“Desde las organizaciones de la sociedad civil hemos tenido algunos reparos de cómo este impuesto mínimo global se ha establecido, sobre todo porque las tasas corporativas en la región son mucho más grandes a este 15%. Lo cierto es que quienes han hecho las normas para transparentar el sistema tributario internacional son las grandes potencias, que a todas luces no fue participativo”, argumentó experto de Latindadd.
Las investigaciones existentes, indicó Moreno, muestran que los principales beneficios de este impuesto serán para las grandes potencias, que han creado la normativa y aunque las naciones en desarrollo podrían recibir algún rédito, sería mínimo y, en el caso de los países centroamericanos, no hay ninguna nación que esté abordando la implementación de este impuesto.
Grandes riquezas: ¿dónde queda la justicia fiscal?
Aunque poco se beneficie América Latina y en particular Costa Rica de estos mecanismos fiscales establecidos a nivel internacional, lo cierto es que los países deben avanzar hacia nuevas alternativas para movilizar recursos que les permitan financiar los sistemas de protección social, la educación, alimentación, vivienda y seguridad alimentaria; y sobre todo gravar a quienes más tienen, como las multinacionales y las grandes riquezas.
En la Convención Fiscal de Cooperación Tributaria Internacional que se discute en Naciones Unidas se está negociando el abordaje de la tributación de las grandes fortunas, un tema que también merodea en todo el mundo, y que plantea enormes retos para reducir los niveles de desigualdad social y económica.
Visto con mirada global, mientras la riqueza de los multimillonarios del planeta se disparó a niveles récord en 2025, beneficiada por las políticas del presidente estadounidense Donald Trump, según reveló Oxfam en su informe Contra el imperio de los más ricos: Defendiendo la democracia frente al poder de los milmillonarios, los estándares para gravar los grandes patrimonios dejan por fuera a la mayoría de los ricos de América Latina.
Durante el primer año del segundo mandato de Trump, la riqueza colectiva aumentó un 16,2%, alcanzando los $18,3 billones, dijo la organización no gubernamental (ONG) en su informe que es publicado por Oxfam cada año antes del foro de Davos, donde se reunió días atrás la élite mundial.
“Las acciones de la presidencia de Trump, incluida la defensa de la desregulación y el debilitamiento de los acuerdos para aumentar los impuestos corporativos, han beneficiado a los más ricos de todo el mundo, que ahora tiene más de 3.000 multimillonarios por primera vez, y los 12 principales son liderados por el jefe de Tesla y SpaceX, Elon Musk”, afirmó Oxfam (ver recuadro: Época dorada para multimillonarios).
De esta forma, tienen más riqueza que la mitad más pobre de la humanidad, es decir, más de cuatro millones de personas y usan cada vez con mayor intensidad su dinero para comprar poder político, incluyendo medios de comunicación, tal es el caso de X por parte de Musk o la compra de The Washington Post que hizo Jeff Bezos de Amazon.
De hecho, con los $2,5 billones de incremento de la riqueza combinada de los milmillonarios este último año, se podría erradicar hasta 26 veces la pobreza extrema.
“En todo el mundo, son muchos los gobiernos que están tomando decisiones equivocadas al complacer a las élites y proteger su concentración de riqueza, mientras reprimen los derechos y las protestas de la ciudadanía que sufren los efectos de un costo de vida insostenible”, aseguró Amitabh Behar, director ejecutivo de Oxfam.
Mientras estos millonarios ven crecer sus arcas, es usual que encuentren vías para esconder su riqueza, evadir el pago de impuestos extraterritoriales o el uso de paraísos fiscales; y el impulso de estándares globales para aplicarles impuestos a los grandes patrimonios no ve terreno fértil en naciones latinoamericanas, y mucho menos en Costa Rica.
Un informe de Latindadd muestra que en América Latina el 1% más rico, concentra más del 35% de la riqueza total, una cifra superior a la registrada en regiones menos desiguales.
Existen entre 587.000 y 900.000 personas con patrimonios superiores al $1 millón y alrededor de 14.000 individuos con más de $30 millones de patrimonio personal. Sin embargo, el número de personas que alcanzan los $100 millones —umbral utilizado en los estándares globales para gravar la riqueza— es extremadamente reducido.
Podría decirse que menos del 0,002% de la población entraría en la categoría de “centimillonarios”, lo que evidencia que un impuesto diseñado solo para ese grupo tendría un impacto muy marginal en las economías latinoamericanas, señaló la investigación de la Red.
Y pese a tener una porción de millonarios que podrían aportar más a la Hacienda Pública, las naciones latinoamericanas carecen de mecanismos tributarios para gravarlos de forma efectiva, donde se combinan tasas muy bajas, evasión, elusión y opacidad financiera.
“Para Costa Rica imponer un impuesto de este tipo es poco probable, no hay claridad de a cuánta gente se le aplicaría, los datos estadísticos están subestimados. Hay gente que tiene mucho dinero y probablemente no nos damos cuenta porque nunca lo declaran”, comentó Fernando Rodríguez.