El Ministerio de Hacienda presenta este miércoles al Consejo de Gobierno ampliado, un “plan fiscal” orientado a evitar que el Estado siga endeudándose para sostener sus finanzas, según explicó el expresidente Rodrigo Chaves, actual jerarca de la cartera.
Chaves enmarcó la presentación en un mandato directo de la mandataria. “El Fondo Monetario dice tienen que generar más ingreso para que la administración de doña Laura (Fernández) no siga incurriendo en deuda en lugar de pagando la deuda, que es el mandato que ella a mí me ha dado”, dijo durante la conferencia de prensa de este miércoles.
En sus declaraciones, el ministro deslizó de forma explícita una de las medidas más sensibles del eventual paquete: elevar el impuesto al valor agregado (IVA) que hoy pagan los bienes de consumo esencial. “Consideren ustedes subir el impuesto, el IVA a la canasta básica, consideren ustedes varias opciones”, expresó al describir el abanico de alternativas sobre la mesa.
La idea no es nueva en el discurso de Chaves. Durante su campaña para las elecciones del 2022 donde resultó electo presidente, defendió eliminar las tarifas reducidas vigentes y cobrar la tasa general del 13%, acompañando el cambio con un mecanismo de devolución o transferencias dirigidas a los hogares de menores ingresos.
Actualmente, tras la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas de 2018, la canasta básica tributa una tarifa diferenciada del 1%, muy por debajo del 13% general.
Cualquier reforma de este tipo requeriría el aval del Congreso. El oficialismo, el Partido Pueblo Soberano, cuenta con 31 de las 57 curules, una mayoría que, sin embargo, no garantiza por sí sola la aprobación de un nuevo aumento tributario, históricamente espinoso en la Asamblea Legislativa.
Según Chaves, la presentación de esta tarde busca asegurar que “el gobierno Fernández Delgado no sea un gobierno que aumente la deuda a menos de que haya condiciones extraordinarias y de crisis”.
¿Qué dice el informe del FMI?
El planteamiento del Ejecutivo se alinea con el diagnóstico que el Fondo Monetario Internacional (FMI) divulgó el pasado 29 de mayo, al concluir la Consulta del Artículo IV de 2026 y la revisión de medio término de la Línea de Crédito Flexible (LCF) que el país mantiene como instrumento precautorio, por un acceso cercano a los US$1.500 millones, equivalente al 300% de su cuota.
El organismo reconoció la resiliencia de la economía costarricense, sostenida por ¨fundamentos sólidos¨ que, a su juicio, dejan al país bien posicionado para absorber los efectos de la guerra en Oriente Medio. No obstante, advirtió sobre la necesidad de crear espacio fiscal aumentando los ingresos, mantener la regla fiscal y la senda descendente de la deuda, y fortalecer los sistemas de pensiones y salud.
Según sus cifras, la deuda del Gobierno Central cerró 2025 en 60,4% del PIB (por encima del umbral del 60%), en parte por la acumulación de reservas de efectivo para hacer frente a los pagos de la deuda, mientras que el superávit primario se redujo a 0,9% del PIB. Para 2026 el Fondo proyecta que el endeudamiento suba a alrededor del 61,1% del PIB.
El FMI prevé que el crecimiento se modere al 3,6% en 2026, debido a los efectos adversos del alza de los precios del petróleo y de los aranceles, que neutralizarían en parte el dinamismo exportador y la inversión. Estima, además, que la inflación retorne a la banda de tolerancia del 2%–4% definida por el Banco Central en los próximos ocho trimestres, y mantuvo el acceso del país a la Línea de Crédito Flexible, respaldado, según el comunicado, por marcos institucionales muy sólidos. Las reservas internacionales, en tanto, alcanzaron niveles récord, cercanos a los US$17.000 millones al cierre de 2025.
El comunicado del Directorio llamó de forma general a racionalizar el gasto tributario para liberar recursos hacia inversión de capital, educación, seguridad, salud y transferencias sociales focalizadas. El informe técnico del personal del FMI, publicado junto con esa decisión, detalla las medidas concretas: eliminar exenciones del IVA en boletos aéreos, equipo médico, premios de lotería, productos de madera y forestales, y alquiler de vehículos, además de gravar la canasta básica con la tarifa general del 13%, con transferencias sociales que compensen a los hogares más pobres.
El organismo estimó que la eliminación de esos gastos tributarios podría aportar 1,1% del PIB en 2027 y hasta 1,6% del PIB de forma acumulada.
El informe también llamó a preservar la regla fiscal como ancla de disciplina, a resolver los reclamos financieros de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) contra el Gobierno Central, estimados en torno al 8,5% del PIB, y advirtió que el faltante del régimen de pensiones (IVM) presionaría de forma creciente las finanzas públicas en las próximas décadas.
El contexto económico
Costa Rica llega a esta discusión con indicadores macroeconómicos mixtos. La producción creció 4,6% en 2025, impulsada por las exportaciones de bienes, en particular las de las zonas francas y los dispositivos médicos. Para 2026 se espera una desaceleración: el FMI proyecta un avance del 3,6%, mientras que el Banco Central (BCCR) lo estima en torno al 3,8% y prevé un crecimiento promedio del 3,5% para el bienio 2026-2027. El PIB nominal del país ronda los ¢51,8 billones.
En el frente de precios, el país acumula un periodo inusualmente prolongado de inflación negativa: la variación general cerró 2025 en -1,2% y el indicador se ha mantenido por debajo de la meta del 3% del Banco Central durante casi tres años, fenómeno asociado a la caída de los precios de los combustibles y a la apreciación del colón. El BCCR ha sostenido su tasa de política monetaria en 3,25%.
El mercado laboral muestra una tendencia a la baja en el desempleo, que se ubicó alrededor del 6,3% al cierre de 2025 y cerca del 7,1% en el primer trimestre de 2026, según las mediciones del INEC, con una brecha persistente en contra de las mujeres y una informalidad que ronda el 38% de la población ocupada, estimada en unos 2,17 millones de personas.
A ese panorama se suma la presión sobre la recaudación: Hacienda prevé captar este año unos ¢228.000 millones menos que en 2025, una caída concentrada en los tres principales tributos —IVA, renta e impuesto único a los combustibles—, lo que refuerza el argumento del Ejecutivo para buscar nuevas fuentes de ingreso.
La presentación de esta tarde marca, así, el primer pulso fiscal de peso de la administración Fernández Delgado, en un escenario en que las recomendaciones del FMI y las propuestas de su ministro de Hacienda apuntan en la misma dirección, pero cuya viabilidad dependerá del respaldo que logren en la Asamblea Legislativa.