Promete ser una agenda legislativa “antievasión”, así catalogaron los diputados del Partido Frente Amplio (FA) a una propuesta que realizaron para combatir el fraude fiscal, la evasión y que se recauden impuestos garantizando justicia fiscal, en la cual integran 11 proyectos de ley, de los cuales seis ya se encuentran en la corriente legislativa y cinco son nuevos.
Según recordaron los diputados en una misiva enviada a la presidenta Laura Fernández, solicitándole convocar los proyectos, los datos y las estimaciones del propio Ministerio de Hacienda, en el Marco Fiscal de Mediano Plazo 2026-2031, son contundentes, pues muestran que los ingresos tributarios como porcentaje del producto interno bruto (PIB) han caído en los últimos tres años, y estiman que esta disminución continuará hasta llevar los ingresos tributarios a ser apenas un 10% del PIB en 2031.
Además, la deuda del Gobierno Central como porcentaje del PIB repuntó en 2025, superando de nuevo el umbral del 60%, y según estima el Ministerio de Hacienda, alcanzaría un 67,2% del PIB.
Sostiene la fracción del FA que es ilusorio y contraproducente suponer que esta situación fiscal podría resolverse con recortes, ya que esa vía ha generado que la inversión social, es decir, el gasto en funciones sociales haya caído de un 11,7% del PIB en 2019 a un 9,5% para el año pasado.
Detalla el documento que específicamente en educación pública, esta vía recortista ha conducido a que la inversión en educación caiga de 6,7% del PIB, en 2019, a solo un 5,1% del PIB en 2025.
“La baja en la recaudación fiscal está afectando los servicios básicos, como la salud, la seguridad, la educación y la protección social, entonces vemos que el gobierno está a las puertas de anunciar nuevos paquetes fiscales que son un verdadero golpe para el pueblo de Costa Rica, como, por ejemplo, ponerle impuestos a la canasta básica, es decir, a la comida de la gente, son medidas ingratas e injustas”, manifestó el jefe de fracción, José María Villalta.
Agregó que, frente a un panorama de recortes de inversión social, que implicarían que se dejen de construir hospitales, recortar más becas, que impongan impuestos al arroz y frijoles y se golpee a la gente más vulnerable, es que la fracción legislativa se anticipó para reavivar los seis proyectos que ya están en la corriente legislativa y presentaron los otros cinco, a fin de enfrentar la crisis fiscal.
María Eugenia Román diputada del FA añadió que la reforma fiscal del 2018 “que anunciaron con bombos y platillos que iba a resolver todo, hoy vemos que -como lo advirtió el Frente Amplio en muchas oportunidades- no fue suficiente, si bien al principio los ingresos aumentaron un poco, a la fecha estamos de nuevo como antes y la tendencia es a que siga cayendo”.
Entre los proyectos que ya están en la corriente legislativa, el FA impulsará está el expediente 24.206: “Ley para Ampliar el Financiamiento del Programa Avancemos Mediante la Reintroducción del Impuesto sobre las Rentas Pasivas Extraterritoriales”.
“En el período anterior eliminaron este impuesto, el cual gravaba el gran capital de empresas o personas que tienen capacidad suficiente para invertir sus recursos en el extranjero y no pagan ni un solo impuesto, ni aquí, ni afuera, a pesar de generar sus recursos en territorio nacional. Estamos recuperando esa iniciativa de ley para que paguen lo que corresponde y que los recursos vayan al programa Avancemos, porque, aunque Hacienda y el Ministerio de Educación dice que la exclusión académica no es por falta de recursos económicos, la verdad que palpamos es distinta”, detalló Román.
También se están recuperando los expedientes 23.759 o 25.320: “Para el Fortalecimiento del Control Tributario”, el 25.460: “Reforma del Artículo 106 Ter del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, Ley N.° 4755, de 3 de Mayo de 1971, y sus reformas”.
Asimismo, están reviviendo el expediente 25.198: “Adición de un Nuevo Transitorio a la Ley N° 9635, de 3 de diciembre de 2018. Ley para Congelar las Remuneraciones de los Diputados, Presidente, Ministros y Viceministros, Magistrados, Presidentes Ejecutivos, Rectores de Universidades Públicas, y Gerentes del Sector Público Descentralizado”, y el 24.793: “Ley para eliminar el régimen de pensiones de los expresidentes y expresidentas de la República”.
“Buscamos congelar los salarios de los jerarcas y eliminar la pensión vitalicia para presidentes y vicepresidentes de la República que tienen recursos suficientes para subsistir, ya que son personas que no cotizaron para tener esas pensiones”, añadió.
También incluyeron el expediente 25.626: “Ley para Garantizar la Elaboración Anual del Informe de Incumplimiento Tributario por Parte del Ministerio de Hacienda”.
En cuanto a las nuevas iniciativas, están planteando los proyectos:
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Expediente 25.652: “Límite del gasto estatal en las campañas políticas de 2030 y de 2032, por medio de una modificación al Código Electoral, Ley N.° 8765”.
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Expediente 25.651: “Ley de fortalecimiento de la norma de subcapitalización. Reforma del artículo 9 bis de la Ley del Impuesto sobre la Renta, Ley 7092 del 21 de abril de 1988 y sus reformas”.
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Expediente 25.650: “Reforma de los artículos 81, 90, 92 y 93; adición de los nuevos artículos 67 bis; 92 bis, a la Ley N.° 4755, Código de Normas y Procedimientos Tributarios, del 3 de mayo de 1971 y sus reformas. Ley para fortalecer el combate al delito de fraude a la Hacienda Pública”.
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Expediente 25.649: “Ley contra la participación de servidores públicos en paraísos fiscales”.
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Expediente 25.648: “Adición de los artículos 22 bis, 22 ter y 22 quater, y reforma del artículo 195 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, Ley N.º 4755, de 3 de mayo de 1971 y sus reformas, Ley para fortalecer la lucha contra el incumplimiento tributario mediante la incorporación de causas de responsabilidad solidaria por obligaciones tributarias”.
“Este paquete de proyectos de ley ponen el énfasis en la justicia tributaria, en combatir la evasión fiscal, es una agenda de antievasión. Buscamos fortalecer la lucha contra el fraude fiscal, cerrar portillos muy usados para evadir el pago de impuestos, como es el caso de la renta de grandes capitales. El objetivo es que paguen los evasores, quienes hoy no están pagando impuestos, y no permitir que una vez más carguen la crisis fiscal sobre los hombros de la clase trabajadora, que ya no aguanta más”, afirmó Villalta.
A la vez, plantean la urgencia de establecer medidas para combatir el uso de paraísos fiscales, recortar el gasto en deuda política, como una medida de responsabilidad de los partidos políticos.