Las preocupaciones fiscales regresaron a Costa Rica y Rodrigo Chaves, en su nuevo cargo como ministro de Hacienda, habla abiertamente sobre impulsar un nuevo “plan fiscal” con eventuales cambios en materia de exoneraciones.
Las palabras las pronunció el pasado 10 de junio, durante una conferencia de prensa en Casa Presidencial, en la cual dio algunos detalles sobre cómo sería ese nuevo “plan fiscal” del que empezó a hablar a inicios de mes. Según dijo, los pilares de esa iniciativa serían fortalecer el cobro efectivo de impuestos, rediseñar el impuesto sobre la renta y revisar ciertos beneficios tributarios.
Chaves reconoció que las exoneraciones representan “el gasto más grande” que podría modificarse en materia hacendaria, pero inmediatamente después aseguró que los beneficios tributarios de los que gozan las empresas en el régimen especial son una especie de línea roja para la presidenta Laura Fernández. “Doña Laura no nos ha autorizado a ver las zonas francas”, subrayó.
La decisión resulta significativa porque Hacienda estima que las exenciones relacionadas con las zonas francas equivalen a un 1,44% del producto interno bruto (PIB): más que cualquier otro beneficio tributario en el país, incluso por encima de la tasa reducida del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para los productos de la canasta básica.
‘Línea roja’
El mensaje de Chaves fue claro.
“El gasto más grande que tiene Costa Rica que se puede modificar son las exenciones fiscales”, declaró. Pero “no vamos a tocar las zonas francas”.
Esa exclusión no es menor en cifras fiscales.
Hacienda estima que todos los beneficios del país alcanzan un 4,1% del PIB y, de ese gran total, los beneficios de los que gozan las empresas del régimen especial representan una tercera parte.
Esa proporción representaba unos ¢700.000 millones, según las estimaciones más recientes publicadas en 2024, un monto superior en varios miles de millones de colones al que se presupuestó ese mismo año para rubros como el Poder Judicial (¢490.000 millones), el Ministerio de Obras Públicas (¢420.000 millones) o el Ministerio de Seguridad Pública (¢295.000 millones), solo por citar algunos ejemplos.
No gravar ni revisar esos beneficios fiscales, a pesar de su gran tamaño, es una decisión de política pública.
Las zonas francas ocupan un sitio particular dentro de la estrategia económica del país y por eso los gobiernos recientes han evitado grandes cuestionamientos al modelo.
Las empresas del régimen especial no solo ofrecen remuneraciones significativamente superiores al promedio, sino que además funcionan como el principal motor de las exportaciones y de la inversión extranjera directa que recibe el país.
Según datos publicados por la Asociación de Empresas de Zonas Francas de Costa Rica (Azofras), las zonas francas son responsables de dos terceras partes de las exportaciones del país y, además, son responsables de más de 100.000 empleos directos.
Límites del modelo
La decisión gubernamental de excluir a las zonas francas de las discusiones fiscales, sin embargo, enfrenta algunos criterios en contra.
El Observatorio Económico y Social de la Universidad Nacional (OES-UNA), por ejemplo, ha dicho que el país mantiene pendiente una agenda de reformas tributarias “de gran relevancia”; entre ellas, “la revisión de los beneficios tributarios otorgados a las empresas acogidas a regímenes especiales”.
Consultada sobre el asunto, a finales del 2025, la propia contralora general Marta Acosta señaló la pertinencia de revisar todas las exoneraciones, incluidas las del régimen especial.
“No es posible que empresas se perpetúen ahí y nadie revise si ya se logró incentivar y ahora hay que incentivar otro sector”, declaró sobre el asunto.
El Programa Estado de la Nación (PEN) ha señalado en múltiples ocasiones que los encadenamientos productivos entre las empresas del régimen especial y las empresas de la economía local continúan siendo limitados. Según el economista de la UNA y exviceministro de Hacienda, Fernando Rodríguez, las zonas francas han demostrado ser eficaces para atraer inversión y generar empleo calificado, pero insuficientes para impulsar por sí solas al conjunto de la economía.
Además de las voces locales, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) han recomendado a Costa Rica que aplique el impuesto mínimo internacional: un proyecto de la OCDE y del G20 que busca establecer una tarifa mínima del 15% sobre las rentas corporativas.
La iniciativa, sin embargo, ha encontrado una resistencia relevante para su aplicación desde que fue acordada en 2021 por más de 130 países. Además, ha sufrido modificaciones recientes que limitarían su potencial futuro, por insistencia del gobierno estadounidense de Donald Trump.
Negativa rotunda
Históricamente, las empresas de zonas francas en Costa Rica se han opuesto a cualquier cambio en materia impositiva que pueda afectar su operación.
En mayo de 2025, cuando el FMI sugirió a Costa Rica revisar sus beneficios tributarios e impulsar el impuesto mínimo global, Azofras lanzó un comunicado en el que rechazaba cualquier tipo de modificación tributaria.
La asociación sostiene que, si bien las compañías no tributan por sus rentas en suelo costarricense, “han sido fundamentales para atraer Inversión Extranjera Directa, generar empleo de calidad y fortalecer los encadenamientos productivos”.
Según los datos del Banco Central, un 12% del empleo formal del país corresponde a las zonas francas y todas esas planillas sí pagan impuestos y cargas sociales.
Esas remuneraciones, además, son más grandes que las del resto de las empresas en Costa Rica. La Promotora de Comercio Exterior (Procomer) estimó en 2024 que los salarios promedio en las empresas de zona franca eran hasta 1,8 veces más altos que en el sector privado.
Ronald Lachner, presidente de Azofras, declaró en 2025 que Costa Rica además debía de sopesar el contexto económico internacional antes de plantear cualquier revisión. “Nuestro contexto actual”, señaló en aquel entonces, “evidencia la importancia de evaluar múltiples factores antes de tomar decisiones“.
Ese contexto estaba y sigue estando marcado por la renuencia al comercio internacional del gobierno de Trump en Estados Unidos, las guerras arancelarias y los conflictos geopolíticos que amenazan inversiones actuales y futuras.
¿Y entonces?
En su administración, el expresidente Rodrigo Chaves aclaró varias veces que no promovería impuestos a zonas francas a pesar de las recomendaciones internacionales y ahora lo vuelve a hacer como ministro en el gobierno de Laura Fernández.
Esa negativa implicaría que el gobierno tenga que revisar otros beneficios fiscales.
Aparte de las zonas francas, la exoneración más significativa del Estado es la tarifa reducida del IVA para la canasta básica, que permite a toda la población pagar un impuesto del 1% en lugar del 13% regular en ese tipo de insumos.
Por debajo quedan otros beneficios en materia de servicios de salud y educación privados, aguinaldo, salario escolar, alquileres, premios de lotería, rentas de cooperativas, consumo de electricidad y algunos rubros mucho menos significativos.
Hacienda reconoce que intentará elevar su recaudación, luego de revelar proyecciones fiscales desalentadoras en su último Marco Fiscal de Mediano Plazo 2026-2031, publicado semanas atrás.
En ese documento, la cartera prevé que la carga tributaria del país caería del 13% al 10% del PIB en el mediano plazo, y que la deuda podría iniciar la próxima década cerca del 70% de la producción, si no se aplican reformas.
Aun así, los beneficios de las zonas francas no estarán en la mesa de discusión. La principal exoneración del país se quedó por fuera de las nuevas conversaciones fiscales incluso antes de que hubieran empezado.