El Poder Ejecutivo sumó a la agenda legislativa los tres proyectos de ley planteados para sacar a Costa Rica de la lista de países no cooperantes en materia fiscal con la Unión Europea (UE).
En total, Presidencia envió al Congreso una lista de 14 iniciativas que también incluye los planes sobre una nueva metodología para calcular el impuesto a la propiedad de vehículos que se cobra en el marchamo.
En el periodo de sesiones extraordinarias, el Gobierno coordina la agenda legislativa y decide qué proyectos deben discutir los diputados y cuáles no.
Tanto los proyectos sobre la Unión Europea como los del marchamo serán discutidos en comisiones especiales que tienen un plazo de un mes, prorrogable por una vez, para que los diputados acuerden un texto de mayoría o de consenso.
La convocatoria también incluye el proyecto del Gobierno para crear una nueva dirección adscrita al Ministerio de Hacienda que se encargue de la gestión de la deuda pública que hoy realiza la Tesorería Nacional, así como un crédito de apoyo fiscal suscrito con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) por $300 millones.
El planteamiento para sacar a Costa Rica de la lista gris consiste en cobrar tributo sobre las ganancias pasivas obtenidas en el exterior producto de inversiones de fuente costarricense. Las rentas pasivas son, por ejemplo, rendimientos de bonos bursátiles o dividendos de acciones.
El primero texto lo presentó el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), en el mes de febrero. Pide excluir a Costa Rica de los países no cooperantes sin generar nuevos tributos a los contribuyentes. Grava con impuesto de renta a las empresas consideradas de papel y crea un crédito fiscal para las firmas que hayan tributado en el extranjero, para no expulsarlas de la economía nacional.
Una segunda iniciativa, presentada semanas después por el Partido Liberal Progresista, es similar a la del PUSC y la tercera, del Gobierno, propone un impuesto a las rentas pasivas, pero introdujo el cambio en el plan de renta global.
En tanto, los planes para cambiar la metodología del cálculo del impuesto en el marchamo son cuatro. Uno es del Poder Ejecutivo, otro del diputado del Partido Liberal Progresista (PLP), Jorge Dengo; el tercera de la socialcristiana Melina Ajoy; y el cuarto del liberacionista Francisco Nicolás.
El de Dengo, por ejemplo, plantea que se elimine del cobro del tributo el costo por inflación. En cambio, pide que se tomen en cuenta parámetros técnicos como el peso y tamaño del motor, la depreciación del vehículo a un plazo razonable, las emisiones contaminantes y el uso y deterioro de la red vial.