Informe de auditoría encontró que el cierre del año 2022 Hacienda recibió ¢288.000 millones sin poder precisar a qué impuesto correspondían y que diversas instituciones públicas pagaron salarios de más por ¢8.100 millones, además de que dejaron de pagar casi ¢3.400 millones.
Serios desfases en gastos e ingresos del Ministerio de Hacienda provocados por el ataque informático del 2022, con montos millonarios que se pagaron de más y grandes sumas que se cobraron sin saber su rubro detectó la Contraloría General de la República (CGR) en un informe hecho público este lunes.
La auditoría DFOE-FIP-IAC-00001-2023 identificó que para el cierre del año 2022 Hacienda recibió ¢288.000 millones sin poder precisar a qué impuesto correspondían y, por tanto, sin tener certeza sobre la naturaleza o el origen correcto, así como confusión sobre recursos provenientes de operaciones aduaneras.
Además se encontró que diversas instituciones públicas pagaron salarios, de más por ¢8.100 millones y dejaron de pagar casi ¢3.400 millones, según los datos arrojados al comparar, las planillas y los registros del sistema Integra.
Sin embargo, advirtió la Contraloría que estos montos podrían variar debido a que las instituciones fiscalizadas no han finalizado la revisión y aún hay funcionarios a quienes se les adeuda parte de su salario o que tienen pendientes reembolsar lo que recibieron de más.
También se halló atrasos en la aplicación de incapacidades de los trabajadores, incertidumbre sobre los pagos correspondientes a los sistemas de pensiones y dudas sobre las deducciones salariales aplicadas.
“Además no hay claridad por parte de las instituciones sobre el proceder“ para la recuperación de dineros pagados de más o para remitir información sobre ellos.
Por ejemplo, con los ¢287.892 millones recibidos sin información certera, este monto se incluyó en distintas partidas, pero «sobre estos recursos no se tiene certeza si debieron registrarse como ingresos de la República, debido a que podrían pertenecer incluso a otras instituciones a las que se les debió girar posteriormente».
Estos problemas hicieron a los auditores de la Contraloría señalar que “ la ausencia de un informe integral de liquidación presupuestaria, con toda la información de los ingresos y egresos del presupuesto de la República, que su respectivo análisis no permite conocer el resultado global de la ejecución del Presupuesto de forma ágil, ni evaluar el desempeño financiero y buen uso de los recursos públicos.
Para ello, la Contraloría ordenó al ministro de Hacienda, Nogui Acosta, emitir instrucciones para la culminación del proceso de revisión de los montos pagados durante el período del ciberataques, lineamientos sobre la manera de recuperar los fondos o ponerse al día con las deudas, además de la remisión de la información a la Dirección General de Contabilidad Nacional para el correcto registro.
También deberá Acosta impulsar un procedimiento para aplicar en caso de una nueva contingencia, tanto en la Dirección General de Tributación como en la Dirección General de Aduanas.