Ante las desafortunadas e imprecisas declaraciones de diputados del Partido Liberación Nacional, en relación con la iniciativa de Ley impulsada por el Ministerio de Hacienda para sacar al país de la “lista negra” de la Unión Europea, nos vemos en la obligación de realizar una serie de aclaraciones al pueblo costarricense:
Primero, es totalmente falso y malintencionado indicar que se pone en peligro al país de salir de las “listas negras”, cuando el Poder Ejecutivo tiene una solución ya avalada por la misma Unión Europea, situación que se le ha reiterado en distintas ocasiones a las señoras y señores diputados.
Segundo, los otros proyectos en corriente legislativa (No.23.581 y No. 23.675) que, supuestamente, buscan el mismo objetivo, no cuentan con los requerimientos mínimos establecidos por la Unión Europea y mucho menos garantizan la salida de Costa Rica de la “lista negra”, situación que se les ha advertido a las y los legisladores. El proyecto No. 23.675 incorpora, además, una reducción de la tarifa del impuesto sobre la renta (ISR), lo cual, aparte de no tener conexión con lo que solicita la Unión Europea, tendría un costo fiscal significativo para las finanzas públicas del país.
Tercero, sobre el señalamiento de la tarifa del 30% del impuesto sobre la renta a las micro, pequeñas empresas y cooperativas, aunque es un elemento ajeno al tema de la “lista negra”, esta tasa es la que pagan todas las empresas en suelo costarricense, por lo cual, sólo se está buscando igualar las reglas para todas las empresas.
Cuarto, los proyectos No. 23.581 y No. 23.675 son parches a una Ley desactualizada que ha sufrido excesivas modificaciones, lo cual solo agrega mayor complejidad al sistema tributario e implicaría que los contribuyentes acudan a costosas asesorías para el correcto cumplimiento de sus obligaciones tributarias. Asimismo, estas propuestas no contienen reglas anti-abuso lo suficientemente robustas, lo que genera la apertura de portillos para la elusión, así como el aumento de la discrecionalidad administrativa y la inseguridad jurídica del contribuyente.
“Lamentablemente, muchas de las decisiones en nuestro país, en diversas índoles, se han tomado con una miopía política que solo ve en un horizonte de cuatro años. El ‘empecinamiento’ al que hacen mención los diputados Ramírez y Mendoza, es en realidad un punto final a las políticas parche y al mínimo esfuerzo, es un ya basta a las soluciones mediocres. Las verdaderas soluciones que requiere Costa Rica deben ser integrales y completas. Por eso, desde el Ministerio de Hacienda, estaremos impulsando esta solución, como una respuesta sustancial y verdadera al problema que nos aqueja. Invitamos a las señoras y señores diputados a valorar las bases del proyecto del Poder Ejecutivo, como punto de partida, y así entender la reforma necesaria para salir de la lista negra”, señaló Nogui Acosta Jaén, ministro de Hacienda.