La aplicación de un escenario de regla fiscal más flexible llegaría un año antes de lo previsto pues la relación de endeudamiento del Gobierno bajaría del 60% de la producción en el 2025, y no en el 2026, como había proyectado el Ministerio de Hacienda, en abril pasado.
El Banco Central de Costa Rica (BCCR) informó, en su Informe de Política Monetaria (IPM) de julio del 2023, de que el endeudamiento del Gobierno Central sería en el 2025 equivalente al 59,4% del producto interno bruto (PIB).
Según detalló el IPM previo, entregado en abril, dicho umbral estaba previsto cruzarse en el 2026, cuando el endeudamiento gubernamental sería equivalente al 59,1% de la producción.
“Dado los resultados fiscales obtenidos en los últimos dos años, es muy probable que al 2025 se esté en menos del 60% del PIB (la deuda). Esto es importante porque al estar por debajo del 60% libera algunos gastos de la regla fiscal, permitirá mayor flexibilidad al Gobierno de hacer mayor gasto social”, afirmó Róger Madrigal, presidente del BCCR.
El jerarca dio a conocer la información, este lunes, después de comunicar que la economía de Costa Rica crecerá este año por encima de lo previsto.
El producto interno bruto (PIB) tendrá un aumento de 4,2%, en el 2023, lo cual implica una mejora de 0,9 puntos porcentuales (p. p.). En abril anterior, la institución estimó un aumento de la producción del 3,3% para este año respecto al 2022. Mientras que, en enero pasado, fue del 2,7%.
La mejora se fundamentó en una mayor demanda externa por productos manufacturados y agrícolas, y de los servicios empresariales, aunada a un crecimiento más robusto del turismo.
Resultado fiscal beneficia
Nogui Acosta, ministro de Hacienda, explicó que la meta de bajar el endeudamiento se conseguiría más rápido a raíz del mayor incremento de los ingresos tributarios, la contención del gasto público y un crecimiento mayor de la economía.
“El menor gasto tiene un doble beneficio porque disminuye más rápidamente (el nivel de deuda) y dado el superávit primario, pues estaremos saliendo del 60% del nivel de endeudamiento en el 2025?, explicó a La Nación el jerarca.
Rodrigo Cubero, expresidente del BCCR, coincidió con Acosta en la importancia de la regla fiscal en la disminución del déficit financiero. También añadió elementos adicionales que favorecen el resultado en la reducción del endeudamiento.
El economista subrayó que el incremento de la inflación, en el 2022, generó un efecto mucho más restrictivo en la regla fiscal, porque el PIB nominal creció a una tasa más alta, pero el gasto del Gobierno se mantuvo contenido, lo cual disminuyó el nivel de endeudamiento.
Cubero también mencionó que la baja en el precio del dólar, durante este año, tuvo un efecto positivo porque redujo el costo de la porción de la deuda gubernamental en moneda extranjera, al calcularla en colones con el nuevo tipo de cambio.
Por su parte, el actual jerarca de Hacienda consideró que la venta del Banco de Costa Rica (BCR), en caso de aprobarse en el Congreso un nuevo proyecto de ley, tendría un efecto positivo en el nivel de endeudamiento.
“Si vendemos el BCR este año o el otro se podrían generar ingresos adicionales equivalentes a dos puntos del PIB, eso nos permitiría estar por debajo del 60% en el 2024”, argumentó Acosta.
El funcionario afirmó que conseguir dicho resultado permitiría incrementar la inversión en infraestructura o ajustar los sueldos en el sector público, los cuales han perdido poder adquisitivo.
La regla fiscal dicta, según la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, que cuando el nivel de la deuda gubernamental está entre el 45% y 60% de la producción el incremento del gasto corriente no sobrepasará el 75% del promedio de crecimiento del PIB. Este escenario, por ejemplo, fue el que prevaleció en el presupuesto del 2021.
Cuando el endeudamiento es mayor o igual al 60% de la producción, el incremento en el gasto total (incluye gasto corriente y gasto de capital) del Gobierno no sobrepasará el 65% del crecimiento promedio del PIB nominal de los últimos cuatro años, es decir, es más restrictivo.
Sumando a lo anterior, se establecen varias “medidas extraordinarias” adicionales, de aplicación exclusiva cuando la deuda pública supere el 60% de la producción, como congelar las remuneraciones de todos los empleados públicos y los ajustes en las pensiones con cargo al presupuesto nacional, excepto los que se aplican por costo de vida.
Este escenario más restrictivo de la regla fiscal es el que prevalece desde el presupuesto nacional del 2022.
Consecuencia presupuestaria
Si bien es cierto reducir la deuda por debajo del 60% del PIB permite mayores libertades presupuestarias, como un alza en inversiones gubernamentales o aumentos salariales, el efecto no es inmediato.
Acosta dijo que, dado el proceso de construcción del gasto público, sería hasta el Presupuesto Nacional del 2027 cuando las restricción se reduzcan, pues este se elaborará con base en el resultado financiero del 2025.
Madrigal destacó que contar con un resultado primario positivo (ingresos menos gastos, sin tomar en cuenta el pago de la deuda) es parte de lo que ha favorecido la sostenibilidad fiscal.
Por su parte, Elian Villegas, exjerarca de Hacienda en el Gobierno de Carlos Alvarado, comentó que las previsiones anunciadas este lunes muestran consistencia en el camino a la consolidación fiscal.
“Para alcanzar la proyección (de baja del endeudamiento) lo primero que debe hacerse es continuar la contención del gasto, mediante la regla fiscal y no aflojarla”, argumentó Villegas.
El exfuncionario afirmó que elevar los egresos, sin alcanzar una mayor sostenibilidad financiera, provocaría una reducción del superávit primario.
“Tener superávit primario permite al Gobierno no tener que salir a captar deuda”, afirmó Villegas.
Al cierre del 2022, el superávit primario fue equivalente al 2,1% de la producción, es decir, ¢927.391 millones. Mientras que en el primer semestre de este año fue swl 1,4% del PIB, lo cual significa ¢646.242 millones, según el Ministerio de Hacienda.