La Comisión Especial de Educación de la Asamblea Legislativa rechazó este lunes el proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo para regular el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES).
La iniciativa, tramitada en el expediente 23.380, pretendía que fuera el Banco Central de Costa Rica el que administrara el fondo que se usa para financiar a las universidades públicas y establecía un procedimiento para que esas casas de enseñanza superior accedieran a los recursos. Además, creaba un órgano colegiado denominado Consejo de Coordinación de la Educación Superior Universitaria Estatal que tendría la función de promover, fiscalizar y evaluar los resultados del financiamiento de la Educación Superior Universitaria Estatal; así como establecer 7 criterios que debían tomarse en cuenta para la distribución del FEES.
La idea del Ejecutivo tenía múltiples falencias, incluido el hecho de que en la práctica real, la iniciativa creaba "un segundo FEES" pues en ningún momento contemplaron derogar o reformar el existente, de modo que tampoco tenía fuente de financiamiento, aspectos que fueron advertidos por el Departamento de Servicios Técnicos del Congreso.
El proyecto fue rechazado con el voto negativo de Rocío Alfaro Molina del Frente Amplio, Leslye Bojorges León de la Unidad Social Cristiana, y de Rosaura Méndez Gamboa, Sonia Rojas Méndez y Geison Valverde Méndez de Liberación Nacional. Solo el oficialista Daniel Vargas Quirós votó a favor.
Rocío Alfaro Molina del FA afirmó que tras la fase de audiencias se concluía que el proyecto en todo su articulado y objetivos era inconstitucional e inconveniente para la realidad de la educación costarricense, y en su lugar pretendía culpabilizar a las universidades de problemas que aquejan el país.
Sonia Rojas Méndez del PLN agregó que el Consejo de Coordinación de la Educación Superior Universitaria Estatal que se proponía crear carecía de su naturaleza jurídica, por lo que era imposible determinar su capacidad legal de actuar, y además su conformación excluía a las federaciones estudiantiles universitarias; además que la propuesta no modificaba ni derogaba el actual FEES, por lo que se creaba un fondo duplicado, cosa que no tenía sentido.
Su compañera Rosaura Méndez Gamboa, presidenta de la Comisión de Educación, señaló que el proyecto pervertía el mecanismo de financiamiento de las universidades públicas, dándole al Poder Ejecutivo potestades que son consustanciales a los órganos propios de las universidades, y usurpaba los órganos de coordinación existentes de la educación superior, además de someter el control del presupuesto de las universidades al Poder Ejecutivo.
Por su parte, Daniel Vargas Quirós afirmó que el proyecto no era una "sacada de clavo" con las universidades y que el presupuesto de la educación era uno solo, de modo que no se podía desatender un sector para mantener el FEES en crecimiento, a costas de primaria y secundaria.
Vargas adelantó que presentarán un informe afirmativo de minoría para que la iniciativa, pese a la negativa mayoritaria, entre en la agenda del Plenario, donde es improbable que sea aprobado.