En caso de que Rodrigo Chaves vete la rebaja del marchamo que impulsa la oposición, 45 diputados estarían listos para oponerse a la decisión del mandatario.

El resello legislativo permitiría que la voluntad de los legisladores se aplique por encima de la decisión del gobierno.

Se trata de los legisladores del PLN, Liberal Progresista, Frente Amplio, Nueva República y PUSC.

La propuesta que apoya este bloque implica una reducción significativa del marchamo para 1,4 millones de dueños de vehículos con una escala progresiva, donde los vehículos más baratos pagarán un 50% menos, los de gama media entre un 20% y 40% menos y los de gama alta entre un 5% y 6% menos.

La disminución se aplica sobre el impuesto a la propiedad de los vehículos que es el componente más importante del derecho de circulación y no sobre todo el marchamo.

“Desde el primer momento en que la fracción del Liberal Progresista puso un pie en este congreso, hemos dejado en claro que nuestro compromiso es y será siempre simplificarle y abaratarle el costo de la vida a los costarricenses. Gracias al liderazgo de mi compañero Jorge Dengo y a la voluntad de otros legisladores, hemos alcanzado el consenso de cinco fracciones legislativas para disminuir significativamente un impuesto odioso, injusto e inconstitucional, que le ha quitado a los costarricenses durante décadas la oportunidad de gozar de su aguinaldo como lo merecen”, señaló Eli Feinzaig, jefe de fracción del Liberal Progresista.

Mientras tanto, Dengo aseveró que el proyecto 23.477 también otorga seguridad jurídica, pues, a partir del momento en que el texto se convierta en ley, los dueños de vehículos podrán saber en todo momento cuánto dinero pagarán año con año, sin que el Ministerio de Hacienda pueda hacer sobrecálculos o intervenciones.

“Alcanzar este apoyo entre las fracciones de oposición es una señal muy clara para los costarricenses de que en la Asamblea Legislativa estamos trabajando por ellos y somos conscientes de lo caro que es nuestro país. Darle este alivio al bolsillo de casi un millón y medio de conductores es una enorme satisfacción después de muchas, muchísimas horas de trabajo, negociación y ajustes”, afirmó Dengo Rosabal.

Mientras tanto, el gobierno se opone al proyecto porque dejaría un hueco fiscal de ¢118 mil millones.