Con el apoyo unánime de 55 diputados, la Asamblea Legislativa aprobó este lunes en primer debate el proyecto de ley para reducir el impuesto sobre la propiedad de vehículos que se cobra en el marchamo.

Los carros particulares con un valor de mercado de ¢3 millones obtendrían una rebaja del 50%, equivalente a ¢39.000.

Para el caso de un auto de ¢5 millones, el impuesto bajará de ¢143.700 a menos de ¢79.000. Hay que tomar en cuenta que el marchamo incluye otros rubros, como el seguro obligatorio.

La propuesta impulsada por el diputado Jorge Dengo, del Liberal Progresista (PLP), logró mayor viabilidad entre el oficialismo en las últimas dos semanas, con la aprobación de un texto sustitutivo que introdujo una reducción más moderada respecto a la versión original, apaciguando las preocupaciones del Ministerio de Hacienda que habían motivado una amenaza del veto.

Con el cambio hecho al documento, la disminución del tributo alcanzaría hasta un 50% en lugar del 67% previsto al inicio de la discusión, lo que generaría un impacto menos significativo en la recaudación para el Estado.

Antes de la votación en primer debate, los legisladores avalaron una moción de reiteración que incorpora un nuevo transitorio para que se aclare que a la entrada en vigencia de la ley, la base imponible “será el valor asignado a dicha fecha a cada bien en el Registro Nacional o el respectivo registro oficial”.

El segundo debate quedó programado para el jueves 28 de setiembre.

Según explicó el diputado del oficialista Partido Progreso Social Democrático (PPSD), Daniel Vargas, la moción corrige la forma en que se definirá el valor de los vehículos usados de primer ingreso y vehículos de la flota circulante.

“íbamos a definir el valor de estos vehículos a partir del valor de compraventa y del valor de ingreso al país. En muchos casos, cuando ya habían pasado muchos años, devolvernos al valor mayor entre la compraventa y al valor de ingreso al país probablemente le iba subir el valor a los vehículos que ya, de por sí, venían pagando menos”, indicó.

Esta postura fue respaldada por el liberal progresista Jorge Dengo, quien pidió apoyar la moción para dar certeza a los propietarios de la flota circulante de que no se les va a aumentar el impuesto.

“Es una moción necesaria, para que quede claro que el espíritu del legislador en cuanto, a cómo se debe valorar la base de cálculo de la flota circulante”, dijo.

PPSD descarta veto

La jefa de la fracción oficialista del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), Pilar Cisneros, descartó la posibilidad del veto del parte del Poder Ejecutivo al proyecto de ley, pese a las manifestaciones previas del presidente Rodrigo Chaves y de su ministro de Hacienda, Nogui Acosta.

“Para asegurar que nosotros tenemos palabra, señor presidente, tenemos palabra y este proyecto no solo va a ir con el apoyo de la fracción oficialista, sino que jamás el Gobierno está pensando en vetar este proyecto”, manifestó.

Previamente, Francisco Nicolás, del Partido Liberación Nacional (PLN), hizo un llamado a la bancada gobernante y al Ejecutivo para que la propuesta finalmente se convierta en ley, sin tener que pasar por el proceso de veto y el resello de los legisladores.

“También, observamos con esperanza que el dicho, la retórica del Gobierno confrontativa, de amenazar con el veto, se vaya difuminando, se vaya desapareciendo para que podamos tener esta ley de la República lo antes posible.

“Espero que sea esa la razón y no el temor a que ya saben que tenemos más de 38 votos para poder aprobarla y resellarla si fuera del caso; ojalá que no nos hagan perder más tiempo con esta ley, que no nos la veten y que sea ley de la República lo antes posibles”, advirtió el legislador.

Cambios efectuados al plan de marchamo

Entre los cambios que se le fueron realizando a la propuesta en el proceso de negociación, se incluye un transitorio que exceptúa de la rebaja al presidente de la República, vicepresidentes, ministros, viceministros y diputados.

Esta salvedad cubre a los integrantes del Poder Ejecutivo y Legislativo hasta el año 2026, así como a sus cónyuges o convivientes. Tampoco habría rebaja para aquellos vehículos o motocicletas que se encuentren registrados a nombre de personas jurídicas en las que tengan participación estos funcionarios.

A su vez, se incorporaron sugerencias de la bancada del Partido Nueva República (PNR), como la ampliación de la depreciación de los vehículos de 10 a 15 años, lo que ajusta el cálculo del impuesto.

Además, se extiende de seis a nueve años la antigüedad de los vehículos livianos particulares que pueden recibir incentivos adicionales por peso y emisión de gases.

Este descuento en el impuesto a la propiedad de los vehículos se mantiene entre el 1% y el 3,84%, dependiendo del año y modelo del automotor, y se añade un 0,1% de forma permanente para los vehículos eléctricos.