Los diputados protagonizaron un desencuentro este martes, en el plenario de la Asamblea Legislativa, en torno a la propuesta para destinar a la seguridad ciudadana todo el dinero que se recauda del cobro del impuesto a las personas jurídicas.

Ese tributo anual lo pagan, antes del 31 de enero de cada año, todas las sociedades mercantiles y sucursales de sociedades extranjeras inscritas en el Registro Nacional.

Tributación recaudó, del 2020 al 2022, entre ¢18.000 millones y ¢18.700 millones por año, según una publicación de El Financiero.

Tal como lo habían acordado los jefes de las fracciones políticas el jueves pasado, este martes se puso a discusión una moción del Frente Amplio para dispensar de todos los trámites su propuesta. Sin embargo, a la hora de la discusión, la fracción de Unidad Social Cristiana (PUSC) se opuso.

El expediente frenteamplista es el 23.978. Plantea que por dos años se autorice a Hacienda a dirigir todo lo recaudado por el cobro del impuesto a las personas jurídicas para el combate a la inseguridad, en particular, a los presupuestos del Ministerio de Seguridad Pública, de Justicia y Paz, y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Aunque así lo establece la ley que creó ese tributo, en el 2016, más tarde, en el 2018, la Ley de fortalecimiento de las finanzas públicas creó normas que le permiten a Hacienda no presupuestar el 100% de los recursos para los diferentes cuerpos policiales, en tiempos de estrechez fiscal.

El PUSC tiene una propuesta similar, a la cual no se le ha presentado ninguna moción de dispensa de trámites. Esta fracción, sin embargo, prefiere impulsar su propio proyecto de ley, aunque apenas está en trámite de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico.

El frenteamplista Jonathan Acuña reclamó que la moción de dispensa propuesta por su partido se haya postergado por 15 días. Además, se quejó de que se vea precisamente después de que la Comisión de Seguridad aprobara, este lunes por la noche, una moción de texto sustitutivo al proyecto del PUSC que equipara la redacción del plan socialcristiano al texto que ya propone el FA.

En el plenario, Acuña explicó que la diferencia básica entre las iniciativas radica en las normas de la ley 9635, que le permiten a Hacienda, “de manera arbitraria”, no cumplir con el destino de los recursos, pues los otros proyectos no hacían nada sobre ese punto específico.

Alejandro Pacheco, jefe del PUSC, alegó que ellos fueron los primeros en presentar una iniciativa con ese objetivo y que, luego de enviarlo a consultas obligatorias este lunes, considera que “no es conveniente dispensar un proyecto que está de tercero en la lista y en el que ya se incluyó lo que dice este proyecto del Frente Amplio”.

La jefa del FA, Sofía Guillén, enfatizó que había un acuerdo de los jefes para ver las dispensas y que los diputados deben “dejarse de egos y autorías” para avanzar en un solo proyecto, máxime que la dispensa frenteamplista existía desde “hace semanas”. Acusó que en el proyecto de la Unidad lo que hicieron fue “copiar y pegar” el contenido del expediente del FA.

“Me parece que deja mucho que desear ponerse en cosas porque la dispensa es un proyecto del Frente Amplio y creo que eso es todo lo que está pasando aquí”, puntualizó.

La presidenta de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, Gloria Navas, adujo que la discusión no se trata de una competencia de quién se a llevar los honores “por un buen proyecto”.

Aunque Navas afirmó que el lunes se aprobó el proyecto en comisión, eso no fue exactamente así, pues en realidad lo que se dio fue la aprobación de un texto sustitutivo y el envío del plan a consultas.

No obstante, ella alegó que se debía votar en contra la dispensa solicitada por el FA, porque había otro proyecto en comisión y está en trámite. “No podemos perder la ruta. Dispensar ahora es un juego que no es conveniente para el país ni para el orden que llevamos en estos temas (de seguridad)”, indicó.

Según la exposición de motivos del proyecto frenteamplista, se han dejado de asignar recursos por ¢5.077 millones en el 2021, ¢6.140 millones en el 2022 y ¢2.984 millones en lo que va del 2023.

Finalmente, la dispensa solicitada por los frenteamplistas fue rechazada, con 15 votos a favor y 26 en contra. La sugerencia del FA solo la apoyaron nueve legisladores del Partido Progreso Social Democrático y el liberacionista Francisco Nicolás.