Costa Rica registró el año pasado un déficit fiscal del 2,5% del Producto Interno Bruto (PIB), el más bajo de los últimos 14 años. No obstante, el camino hacia el equilibrio fiscal ha conllevado notables recortes en las áreas sociales que más aportan al desarrollo humano.

Así lo concluye el Informe Estado de la Nación 2023 cuyos principales hallazgos fueron dados a conocer este jueves.

Según el estudio, el presupuesto en servicios sociales como educación, salud, vivienda y cultura se redujo del 13% al 10% del PIB entre 2020 y 2023.

En ese sentido, el informe llama la atención sobre el papel que ha jugado el Ministerio de Hacienda en las restricciones a la inversión social.

Esto, porque, según advierte, las decisiones presupuestarias de las entidades competentes para dictar las políticas sociales han estado subordinadas a la política fiscal.

    Es decir, la política fiscal debe considerar más la recaudación tributaria, el manejo del crédito público y el cumplimiento de las normas fiscales. Mientras que la política social debe estar más enfocada en el impacto sobre el potencial del desarrollo humano y sobre la población, especialmente la más vulnerable.

Según la investigadora Pamela Jiménez Fontana, del Estado de la Nación, gestionar el reto fiscal pasa por una discusión impostergable sobre la sostenibilidad del balance financiero del país y el funcionamiento de los instrumentos de control fiscal.

“El equilibrio fiscal consiste en asegurar que el Gobierno tenga una gestión que le garantice suficientes ingresos para atender las necesidades de la población y en aplicar mecanismos robustos de control de gasto”, amplió.

Desconexión

Según el Informe Estado de la Nación 2023, el Gobierno habría alcanzado una reducción inédita del déficit fiscal, en parte, por una mayor recaudación de impuestos y un panorama de austeridad.

Sin embargo, el incremento en la recaudación habría sido coyuntural debido a la consolidación de la reforma fiscal que aumentó la base tributaria y el crecimiento de la economía tras la pandemia.

En este panorama, el informe reitera que aunque teóricamente el aumento en la producción debería mejorar el dinamismo de la economía y, por ende, el ingreso tributario, en Costa Rica las empresas que más aportan al crecimiento de la producción no están encadenadas con las finanzas públicas.

“Las empresas que operan dentro de zonas francas están exoneradas de pagar la mayor parte de impuestos, de tal manera que tienen bajo impacto en los ingresos del Gobierno que se utilizan para atender las necesidades de la población, como la educación e infraestructura pública”, especificó Jiménez Fontana.

En este sentido, existe lo que los expertos llaman “un problema estructural”: hay una desconexión entre
el crecimiento de la economía y la recaudación tributaria.

La recaudación tributaria depende principalmente de las empresas fuera de zonas francas, que operan en un clima de negocios más adverso y tienen dificultades para crecer.

El estudio subraya que esto es una “muestra palpable de que las desigualdades productivas inciden negativamente sobre los ingresos fiscales”.

Presión

Otro aparente logro es la reducción de 4,2 puntos porcentuales de la deuda pública, que alcanzó el 63,8% del PIB en 2022.

Sin embargo, el estudio indica que al analizar los indicadores de manera desagregada, es posible notar que las bases de la sostenibilidad fiscal siguen endebles.

Los investigadores encontraron que el peso relativo de la deuda sobre el PIB habría mejorado mayoritariamente por efecto del crecimiento de la economía, la elevada inflación y la apreciación del tipo de cambio.

Además, sostienen que si se mira en el largo plazo, en una década el pago de intereses de la deuda pública se disparó. Pasó del 2% al 4,6% del PIB entre 2012 y 2022.

“El componente del gasto público que más crece es el pago de intereses. Actualmente, el país gasta más del triple en intereses de la deuda que en infraestructura”, afirmó Jiménez Fontana.

Regla debilitada

El estudio señala que el Gobierno sigue ubicándose en el umbral más restrictivo de la regla fiscal, el cual limitó el crecimiento nominal del gasto total a 1,96% del PIB en 2022.

Advierte que aunque la regla fiscal -un tope al crecimiento del gasto público- busca prevenir el desequilibrio fiscal del Gobierno Central y otras instituciones públicas, desde su aprobación se ha tramitado una cantidad importante de excepciones que ponen en riesgo su legitimidad.

El informe documenta que las municipalidades, los comités cantonales, las actividades agropecuarias, las Asadas y otras 10 entidades públicas están excluidas de forma parcial o total de la reforma. Además, en la legislatura actual existen 11 proyectos de ley que buscan realizar modificaciones a ese mecanismo de control.

“En un contexto de vulnerables finanzas públicas, el principal reto es lograr un equilibrio entre mejorar la sostenibilidad del fisco y reducir las presiones de la deuda, sin recortar programas que históricamente le han permitido al país avanzar en materia de desarrollo humano”, concluyó Jiménez Fontana.