Los fondos de pensiones deberán iniciar, a partir del 2024, un proceso de disminución de sus inversiones en títulos valores del sector público, en especial por la alta concentración de bonos de deuda del Gobierno Central.
En la nueva regla dictada por el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif), el tope máximo de recursos colocados en instrumentos públicos es ahora del 60%, en lugar del 80% anterior.
Para cumplir con el nuevo límite, la entidad estableció un proceso de reducción gradual, de un punto porcentual por año. Esto significa que, para el próximo año, el nivel de concentración se estableció en 79%.
Los fondos de pensiones registraron un portafolio con un saldo de ¢19,1 billones hasta julio pasado, de los cuales, ¢13,6 billones estaban invertidos en instrumentos del sector público, es decir, el 71,2% del monto total. La mayoría está colocado en emisiones del Ministerio de Hacienda, según datos de la Superintendencia de Pensiones (Supén).
Este saldo es equivalente a casi una tercera parte del producto interno bruto (PIB) de Costa Rica.
La información estadística muestra que los sistemas básicos de los regímenes de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), Magisterio Nacional y los ocupacionales (ICE, CCSS, Recope, Banco Nacional y BCR) registran los niveles más elevados de concentración en deuda soberana.
Mientras que las operadoras de pensiones complementarias (OPC) están más cerca del nuevo límite del 60% o incluso por debajo de dicho porcentaje, según datos de la Superintendencia.
Para ampliar las opciones, el Conassif abrió el espacio para ampliar las inversiones en fondos de inversión de administración de inmuebles, inmobiliaria, bienes raíces y desarrollo de proyectos de infraestructura, del 10% del dinero administrado hasta el 15%.
Adicionalmente, quedó establecido en la reforma al Reglamento de Gestión de Activos la posibilidad de que las inversiones en el mercado internacional pueden llegar al 50% de los recursos administrados, siempre que las entidades reguladas demuestren, mediante estudios técnicos, que las inversiones generarán mejores rendimientos frente a las locales.
El cambio normativo es de cumplimiento obligatorio para la mayoría de los administradores de fondos de pensiones, con la excepción de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) que gestiona el IVM.
Carlos Arias, director ejecutivo de la Junta de Pensiones del Magisterio Nacional (Jupema), argumentó que las reglas reformadas por el Conassif no aplican para la institución.
“Esta disposición no afecta a Jupema, de manera que continuamos con los objetivos institucionales de inversión”, dijo Arias.
Regímenes básicos
La información estadística de la Supén muestra que el IVM es el régimen que, hasta julio anterior, tenía la mayor concentración en instrumentos públicos. Del portafolio de ¢2,5 billones, el 93,8% está en emisiones de Hacienda. Mientras que, en el 2019, era el 83% de los recursos administrados.
Jaime Barrantes, gerente de Pensiones de la CCSS, afirmó que destinar la mayoría de los recursos al Gobierno es un reflejo de la estrechez del mercado de valores local para brindar otras opciones.
El jerarca comentó que, para el próximo año, tienen previsto realizar las primeras adquisiciones de títulos emitidos en el mercado internacional. La expectativa es poder destinar hasta el 3% de los recursos, es decir, ¢106.000 millones. Pero el proceso será paulatino, puntualizó Barrantes.
En el caso del Régimen de Capitalización Colectiva (RCC), administrado por Jupema, el 75% de los ¢4,4 billones estaba invertido en Hacienda, lo cual ascendía a ¢3,3 billones, según el registro de Supén.
Arias explicó que la legislación del fondo establece que, al menos el 30% de los recursos del sistema deben colocarse en títulos del sector públicos. Sin embargo, la ley no dicta un tope máximo.
En el caso del Poder Judicial, la entidad registró que mantenía ¢473.945 millones en bonos gubernamentales, lo cual significa el 65% del total de los recursos Pero al cierre del 2021 era el 74,5%.
La disminución se logró después de que la Junta Administradora del Fondo de Jubilaciones y Pensiones de la Corte comenzó a adquirir títulos valores en el mercado internacional a partir del año pasado.
En los fondos ocupaciones, la concentración en Hacienda era del 65% en su conjunto a julio anterior, de un monto total administrado de ¢1 billón. Estos regímenes especiales son una pensión adicional con la que cuentan instituciones como la Caja, el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), el Banco Nacional y el Banco de Costa Rica (BCR).
Fondos complementarios
En el caso de las operadoras, hay entidades que ya están por debajo del nuevo límite propuesto por el Conassif. Este es el caso de Popular Pensiones que tenía una concentración del 54,4% en títulos de Hacienda, es decir ¢2,1 billones, de los ¢3,9 billones administrados en el Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP).
La estrategia de esta entidad fue invertir el 35% del dinero de sus clientes en el extranjero. “El mercado externo siempre será la mejor opción de diversificación del portafolio, en particular ante el nulo desarrollo del mercado local”, dijo Róger Porras, gerente de Popular Pensiones.
Entre tanto, BN Vital tenía ¢1,1 billones en bonos de Hacienda, lo cual equivale al 57% del dinero administrado. Marco Vargas, gerente interino de la entidad, explicó que cuando se suma otras instituciones públicas la concentración es del 67%, con lo cual cumplen con el límite de las nuevas reglas.