El Ministerio de Hacienda se comprometió a presupuestar ¢1.500 millones en el 2025, para que el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) pueda dedicarlo a la construcción de un edificio para sus agentes.
El acuerdo fue logrado este miércoles, en una reunión entre jerarcas de Hacienda y el OIJ, con la mediación de la defensora de los Habitantes, Angie Cruickshank, quien los convocó la semana anterior.
El director general del OIJ, Randall Zúñiga, se mostró satisfecho con la decisión, pues se trata de un monto similar al que la Policía Judicial no pudo destinar este año debido a un desencuentro con el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, provocado por la interpretación de la Ley 10.419, aprobada por el Congreso para variar el uso de las partidas del 2023, y publicada en La Gaceta el 1.° de noviembre.
Hacienda también acordó presentar un presupuesto extraordinario en enero del 2024 para aclarar que las instituciones citadas en la norma 10 del Presupuesto Nacional, entre ellas el OIJ, pueden trasladar fondos de plazas vacantes a otras partidas sin necesidad de una ley que modifique el presupuesto. Además, el ministerio buscará opciones de financiamiento, que no incluyan deuda, para las plazas que la Asamblea Legislativa autorizó para el OIJ en el presupuesto 2024.
Otro compromiso de trabajo conjunto consiste en mejorar la ejecución presupuestaria del OIJ en el próximo año.
“Dentro de un panorama y un balance realizado, consideramos que fue bastante fructífera la reunión y que atiende muy bien a los intereses que tiene el OIJ en combatir la criminalidad, y hay que agradecerle también al ministro de Hacienda por la labor que está realizando, en el sentido de que fue bastante propositivo a fin de encontrar puntos de acuerdo en común”, declaró Zúñiga.
El pasado 5 de diciembre, Zúñiga había afirmado en conferencia de prensa que el ministro Acosta “se sacó de la manga” su criterio legal para impedir al OIJ trasladar ¢2.000 millones del presupuesto, parte de ellos ahorrados en salarios, al fideicomiso para construir un edificio en barrio Los Ángeles de San José.
Hacienda sostuvo que el objetivo de la Ley 10.419 era que el destino de los recursos cambiara solo para acciones inmediatas contra el crimen. Acosta indicó que con esos ¢2.000 millones, el OIJ podría comprar armas y hacer más operativos, pero no moverlo al fideicomiso del nuevo edificio.