La Cámara Costarricense de la Construcción señaló, este martes, que la revisión de las exoneraciones tributarias al régimen de zonas francas, mencionada la semana pasada por el jerarca del Ministerio de Hacienda, Nogui Acosta, genera intranquilidad en el sector debido a la inseguridad jurídica que podría afectar a las empresas instaladas en Costa Rica.

En declaraciones hechas por Acosta la semana pasada en el programa Tres Razones, de Radio Columbia, el jerarca señaló que el país se encuentra en condiciones para analizar el marco tributario, incluyendo las exoneraciones a las zonas francas.

Sin embargo, este martes, al ser consultado al respecto, Acosta aseguró a La Nación que “por el momento, en aras de la seguridad jurídica de la inversión, no haremos ningún cambio en el régimen de Zonas Francas”. Agregó que el Gobierno está atento a las implicaciones de la implementación del impuesto mínimo global en Europa para definir el momento adecuado.

Durante el 2023, el total de exportaciones del régimen de zonas francas sumaron $11.669 millones, un crecimiento del 23%, respecto a 2022, según datos proporcionados este martes por la Promotora de Comercio Exterior (Procomer).

El tema de la revisión de las exoneraciones tributarias a las zonas francas saltó a la palestra con el año nuevo, luego de que el 3 de enero pasado, la Unión Europea (UE) pusiera en vigencia el impuesto mínimo global del 15% para las empresas multinacionales. Este tributo afecta a compañías con ingresos consolidados brutos por 750 millones de euros anuales ($817 millones al tipo de cambio actual).

Este impuesto surge de un acuerdo entre 136 países, incluido Costa Rica, anunciado en el 2021 por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), con el objetivo de lograr la equidad y fortalecer el marco fiscal vigente para reducir el impacto de la evasión fiscal, cuyas prácticas, definidas como BEPS, generan pérdidas anuales de ingresos de entre $100.000 millones y $240.000 millones para los países.

A principios de enero, el Gobierno mostró cautela sobre la aplicación de este tributo en Costa Rica. Los ministros de Comercio Exterior, Manuel Tovar, y de Hacienda, Nogui Acosta, coincidieron en señalar que se debe evaluar el sistema de incentivos para no perder terreno frente a países competidores en la atracción de empresas extranjeras.

Específicamente, Acosta dijo a este diario en ese momento que estudiarán detenidamente la aplicación práctica de este tributo y verificarán si en el país hay subsidiarias o empresas ligadas a las que se le pueda aplicar, especialmente aquellas ubicadas en zonas francas. Indicó que, con la asistencia técnica del Banco Mundial, están evaluando el impacto de la incorporación del impuesto mínimo.

La Cámara de la Construcción destacó, mediante un comunicado de prensa este martes, que el impacto económico positivo que generan las empresas del régimen de zona franca desde la Inversión Extranjera Directa (IED) supera entre 1,5 y 2,3 veces el costo de las exoneraciones fiscales.

“La estrategia de atracción de la IED es fundamental para el crecimiento y la transformación productiva del país, el equilibrio en la balanza de pagos, la transferencia de tecnología y conocimiento, así como para la generación de nuevas y bien remuneradas oportunidades laborales”, señaló la gremial.

También hizo referencia a que la IED genera la activación de proveedores domésticos y la creación de empleos en los segmentos de la cadena de valor asociados, como es el caso del sector construcción, debido a que las compañías extranjeras que se instalan en el país requieren una demanda de edificaciones e infraestructura productiva.

El director ejecutivo de la Cámara, Randall Murillo, hizo un llamado al Gobierno para que, antes de analizar posibles incrementos en la carga impositiva, atienda los cambios que requiere el sistema de impuestos del país para mejorar la seguridad jurídica, como la implementación de medidas para evitar la doble imposición y definir los incentivos para seguir siendo un país atractivo para la inversión.

“Resulta absolutamente inviable pensar en cualquier medida que incremente los impuestos mientras no se demuestre la reducción del gasto corriente del Estado. La solución al problema fiscal del país debe empezar por una profunda reducción del aparato estatal”, refirió Murillo.

Al respecto, el jerarca de Hacienda consideró que el Estado ya está en un nivel menor que hace algunos años, pero que las demandas de los sectores sociales y el país son mayores, y en este contexto señaló que “no parece que se requiera menos Estado sino uno más ágil”.