El Ministerio de Hacienda buscará una reforma constitucional para que el endeudamiento externo del Gobierno no tenga que pasar por la aprobación de los diputados.

El anuncio lo hicieron, este jueves, el ministro Nogui Acosta y el director de Crédito Público, Ariel Barrantes, durante la presentación del Plan de Financiamiento para el 2024.

La idea, en palabras de los funcionarios, es que el Ministerio de Hacienda “tenga la libertad, como cualquier Tesorería, de poder aprovechar mejores condiciones financieras del mercado”, tal y como se hace con el endeudamiento interno.

“Perdón que lo diga con estas palabras, pero es una aberración que sean los diputados los que definan el momento y la cuantía en la cual yo me tengo que endeudar”, dijo Acosta en referencia al largo proceso que se debe cumplir para emitir bonos de deuda externa (eurobonos) o tomar líneas de crédito de organismos multilaterales.

“¿Por qué digo esto? Porque en las economías mucho más desarrolladas no se requiere una autorización legislativa para el financiamiento, sea en el mercado local o en el mercado internacional. Y quiero aquí aclarar una cosa importante, el límite del endeudamiento del Gobierno se define en el presupuesto de la República, ahí está la autorización”, alegó.

La reforma propuesta por Hacienda se haría específicamente al inciso 15 del artículo 121 de la Constitución Política, para trasladar la decisión de la aprobación de los créditos de apoyo presupuestario y de la emisión de títulos en el mercado internacional a la discusión del presupuesto de la República. Actualmente figura como una obligación de la Asamblea Legislativa.

“Es que hoy, cuando se aprueba el Presupuesto Nacional, el 29 de noviembre del año anterior, queda definido en cuánto me voy endeudar, pero ese endeudamiento tiene una serie de características: está asignado, el Banco Central ha definido cuál es la capacidad de endeudamiento, la Contraloría General de la República ha definido cuánto es el ingreso probable de la recaudación y entonces queda completamente acotado”, justificó Acosta en defensa de su propuesta.

El jerarca de Hacienda indicó que en los próximos días buscará el apoyo de 10 diputados a la propuesta, lo cual es requisito para iniciar el proceso de una reforma constitucional. La presentación de la iniciativa debe ser en el periodo de sesiones ordinarias, cuando los legisladores tienen el control de la agenda.

Diputados consultados por El Observador, se han manifestado reacios a considerar una reforma como la propuesta por Acosta.

Entre los que adversan la propuesta está el diputado liberal Eli Feinzaig, quien opinó que el filtro legislativo al endeudamiento externo evita que se vuelvan a repetir crisis como la de 1980, la cual fue provocada por un excesivo endeudamiento externo que habían adquirido los gobiernos antes de esa fecha.

Asimismo, indicó que en 2023 la deuda costarricense creció a un ritmo de 7,33%. Lo cual es entre un 40% y 45% más alto que el ritmo de crecimiento de la economía costarricense. “Eso es muy peligroso para la economía”, dijo.

“Yo no creo que la propuesta del ministro Nogui Acosta vaya a encontrar un buen ambiente en la Asamblea Legislativa y en todo caso me parece que sería un gravísimo error, mientras mantengamos esta actitud de inundar el mercado costarricense con deuda supuestamente barata… y dólares entrando al mercado para deprimir aún más el tipo de cambio. No es el momento para hacer una reforma como la que solicita el Ministerio de Hacienda”, agregó Feinzaig.

Una posición similar manifestó el diputado frenteamplista Jonathan Acuña.

“Desde nuestra perspectiva es absolutamente inapropiado lo que pretende el señor ministro de Hacienda. Puede ser que sí, que los caminos que establece la democracia sean caminos más largos, pero son caminos seguros para la ciudadanía, que establecen los contrapesos necesarios para que no se acumule el poder en ninguno de los poderes de la República. y para que no exista ningún gobernante que haga lo que le dé finalmente la gana”, dijo.

La diputada liberacionista Paulina Ramírez, por su parte, fue enfática en que la reforma restaría transparencia a la gestión de la deuda.

“Me parece que el pensar en que no exista este tipo de control y fiscalización por parte de la Asamblea Legislativa es salirse de todo lo que nuestra Constitución, e igualmente nuestra legislación, han venido estableciendo para el debido control y transparencia de todos los recursos y manejo de todo lo que tiene que ver con el servicio público. A todas luces creo que no podríamos aprobar algo así”, sentenció.